La Diputación de Alicante, gobernada por PP y Ciudadanos, está preparando un recurso de inconstitucionalidad contra el Consell por el Fondo de Cooperación Municipal. La entidad ya trabaja en el escrito una vez aprobado el anteproyecto de ley, en el que no se han tenido en cuenta las alegaciones y reparos de la entidad.

Desde la corporación creen que el plan de la Generalitat es «un ataque» a la autonomía política y financiera de la diputación. Consideran que la institución debería ser receptora de fondos y denuncian que los criterios de reparto autonómicos son más lesivos con las poblaciones con menos habitantes, mientras que se premia a las que tienen más población y, por tanto, más capacidad presupuestaria.

El recurso ante el Constitucional contra el Fondo de Cooperación es uno de los escenarios que se manejan desde hace un tiempo. En febrero de este año ya se encargó en el Palacio Provincial un informe jurídico para analizar si los criterios que marcan el reparto del Fondo de Cooperación estaban alineados con la competencia de las diputaciones en materia de asistencia y cooperación municipal.

La solicitud tuvo respuesta una semana después, sólo unos días antes de que se decretara el estado de alarma, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. Un informe en el que se abordan cuestiones que van desde las competencias propias de las diputaciones en la Comunitat Valenciana, o los criterios de asignación que se siguen en el Fondo de Cooperación de la Generalitat Valenciana y en el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles de la Diputación.

Entre otras cuestiones, lo que se sostiene desde el punto de vista jurídico es que el anteproyecto de ley del Consell «vulnera» el Estatut y determina que el fondo autonómico debe aprobarse por una ley de las Corts.

Especialmente significativa es la mención que se hace a que los criterios de distribución se remitan a un decreto del Consell o al hecho de que se impone la participación imperativa, no voluntaria. No en vano, entre otras cuestiones, se hace especial hincapié en la autonomía que, según la Constitución, las diputaciones tienen para la gestión de sus respectivos intereses. En este sentido, los técnicos creen que el anteproyecto del Consell podría ir contra la autonomía provincial, el principio de suficiencia financiera o la autonomía presupuestaria».