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Divalterra no encuentra una aseguradora que quiera cubrir a sus altos cargos

Dos procesos judiciales penden sobre la antigua Imelsa y afectan a exconsejeros y excargos

Un consejo de administración de la empresa de la Diputación de Valencia Divalterra, en 2019.

Un consejo de administración de la empresa de la Diputación de Valencia Divalterra, en 2019.

En España coexisten más de 1.100 compañías vinculadas al sector de las aseguradoras, pero Divalterra no consigue encontrar a ninguna que esté dispuesta a extenderle una póliza de responsabilidad civil para cubrir los riesgos derivados de la actividad de sus consejeros, directivos y jefes de servicio. En poco más de un año, la empresa pública de la Diputación de Valéncia (hasta 2016 conocida como Imelsa) ha tenido que declarar desiertos dos concursos que perseguían lo que parece ser un imposible: asegurar a los 12 miembros de su consejo de administración, a los altos cargos, a los jefes de servicio y a los integrantes de la mesa encargada de las contrataciones ante eventuales incumplimientos, actuaciones erróneas, pérdidas, negligencias u omisiones que pudieran conducir a la firma de los más de 500 brigadistas forestales a tener que hacer frente a indemnizaciones por los daños y perjuicios ocasionados a terceros.

La vieja Imelsa está perseguida por la sombra de su pasado: los gestores de la etapa del PP, con «el yonqui del dinero» a la cabeza, están inmersos en un proceso judicial que lleva el nombre de la empresa. Las contrataciones en la entidad durante la etapa de Jorge Rodríguez como presidente de la diputación también son objeto de investigación judicial en el llamado caso Alquería. En este contexto, las aseguradoras no parecen querer saber nada de cubrir a los directivos y consejeros de la empresa.

Si hubiera que trazar un símil automovilístico, Divalterra sería un conductor novel a bordo de un Seat Panda al que le han retirado el carné varias veces. Y no es para menos: en un lustro, la sociedad pública se ha visto sacudida por dos grandes causas judiciales que se han llevado por delante a otros tantos presidentes de la corporación provincial y que han salpicado a los anteriores directivos de la mercantil, cuyos movimientos se miran ahora con lupa.

El primer intento de localizar una póliza viable se cerró en mayo de 2019 sin ninguna empresa interesada en presentar ofertas. En julio de este año, Divalterra repitió la operación. Con la idea de atraer a las compañías, el precio base de licitación del contrato se incrementó un 75 %, de 4.000 a 7.000 euros, por un periodo de un año con opción a prórroga. Pero la respuesta fue de nuevo el vacío. La mesa de contratación dio carpetazo al segundo concurso en septiembre.

Con la incógnita de si a la tercera irá la vencida, Divalterra ha buscado hasta ahora a una aseguradora que le garantice una cobertura de responsabilidad civil con un tope de indemnización de hasta 3 millones de euros.

En virtud del pliego de condiciones, la póliza debería atender una indemnización máxima de 1 millón de euros en el caso de las reclamaciones por responsabilidad contable y de 250.000 euros por prácticas de empleo indebidas.

Otros conceptos que la firma quiere tener cubiertos son los gastos de restitución de imagen de consejeros y directivos (hasta 300.000 euros), las fianzas civiles (con un límite de 1 millón de euros) o la pérdida de documentos (150.000 euros). También las multas administrativas (hasta 60.000 €), los gastos de asistencia psicológica de (con un máximo de 30.000 euros) y los de defensa judicial.

El último contrato sin adjudicatario incluía una cláusula de «retroactividad ilimitada» para cubrir las reclamaciones contra el asegurado notificadas durante el periodo de seguro, respecto de «actos incorrectos cometidos en cualquier momento». La póliza también abarcaría a los administradores jubilados que, durante la vigencia de la póliza, cesaran en su condición de asegurado por jubilación, dimisión voluntaria o no renovación del cargo.

Entre el personal objeto del seguro figuran funcionarios, dos diputados provinciales, seis miembros de la mesa de contratación, ocho jefes de servicio y dos altos cargos: el gerente de Divalterra, Antonio Mas, y el jefe de servicios jurídicos, José Luis Vera.

Dos bajas temerarias retrasan el contrato de asesoría jurídica

La mesa de contratación de Divalterra ha dado un plazo de 7 días a los despachos Jeremías Colom y Denver Abogados y Asesores Tributarios para que justifiquen las ofertas desproporcionalmente bajas con las que se han colocado como las licitadoras más baratas para adjudicarse los dos lotes del contrato de asesoramiento jurídico en materia laboral y fiscal-tributaria de la empresa pública. El trámite ha retrasado la adjudicación del servicio, hasta ahora en manos de Tomarial.

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