Máximo Caturla fue durante años un «imprescindible» en la administración autonómica donde ostentó responsabilidades clave tanto en la Conselleria de Sanidad, cuando estaba dirigida por Serafín Castellano, como en Ciegsa, la empresa pública responsable de construir los colegios, hasta que Alfonso Rus lo rescató para vicepresidir la Diputación de València y llevar las finanzas de la institución provincial y del partido. De hecho, se le considera el ‘cajero’ del Partido Popular de la provincia de València.
Desde 2016 está investigado en varias piezas separadas que investiga el presunto cobro de mordidas a contratistas de la administración a cambio de adjudicaciones tanto en Ciegsa como en la Diputación de València. Y desde entonces asegura estar «arruinado» y sobrevivir con «un sueldo de 1.200 euros al mes como repartidor de Tomates Kiki», la marca de tomate frito casero comercializada por su familia. Aunque ayer tuvo que declarar ante el juez y el fiscal Anticorrupción del caso Taula por un presunto delito de alzamiento de bienes, investigado por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Antes de ser detenido en el caso Taula contrató a un despacho de abogados, cambió de móvil y vendió propiedades
Antes de ser detenido por el caso Taula el 26 de enero de 2016, Caturla contrató a un despacho de abogados, cambió de móvil y se deshizo de propiedades inmobiliarias, acciones y vehículos históricos que coleccionaba, además de realizar préstamos presuntamente ficticios con la mercantil familiar. Ayer justificó ante los investigadores del caso Taula que realizó toda esta operativa para «salvar a la empresa» ya que, tras estallar la causa de corrupción, no conseguía financiación. También decidió poner al frente de la mercantil Estilo Kiki a uno de sus hijos, quien ideó «una reestructuración» para reflotar la mercantil.
