Las explotaciones agrarias valencianas son las que menor dependencia tienen de las subvenciones europeas. La participación en las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) supone el 6,8 %, el porcentaje más bajo de España siendo la última autonomía, donde por término medio los pagos de la UE representan el 24 % del valor añadido neto. Situación que puede dar un vuelco total con las futuras ayudas comunitarias, más vinculadas a objetivos ambientales y la producción sostenible.
Hasta el momento, la Comunitat Valenciana ha tenido una participación muy minoritaria en los programas de la PAC, especialmente en los gestionados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga). Así lo señala un informe sobre el sistema agroalimentario y los espacios rurales de la Comunitat Valenciana elaborado por José María García Álvarez-Coque, catedrático de Economía Aplicada de la Universitat Politècnica de València en el marco de la Cátedra ProspectCV 2030, auspiciada por Presidencia de la Generalitat Valenciana y adscrita al Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local de la Universitat de València.
Giro radical
El documento apunta a que la PAC no fue diseñada para una agricultura como la mediterránea, sino para la estructura típica original de los estados miembros firmantes de los primeros tratados. «La nueva orientación de la PAC quiza implique a partir de 2023 un giro radical que pueda beneficiar al campo valenciano en la línea de que se vayan vinculando las ayudas a objetivos climáticos y ambientales», pronostica García Álvarez-Coque.
En ese sentido, señala que con esa concepción, la Comunitat Valenciana «está en buenas condiciones para encarar el reto climático, debido a su especialización, con más de un setenta por ciento de la producción agraria orientada a frutas y hortalizas frescas, relativamente menos intensivos en energía y en muchos casos captadores de CO2». La Comunitat Valenciana, señala la hoja de ruta, «puede y debe beneficiarse de los nuevos esquemas de la PAC y de las políticas europeas que introduzcan instrumentos para reducir las emisiones contaminantes, aumenten los sumideros agrícolas y forestales, además de fomentar la adaptación de los sistemas agrícolas, ganaderos o forestales».
Pérdida de población
El estudio ahonda en la fuerte coexistencia de los espacios rurales y los urbanos. Un 53 % de la población vive en ciudades y otro 40 % en pueblos o suburbios semiurbanos. «La cercana proximidad entre el medio rural y el urbano supone una oportunidad para la consolidación de mercados locales y servicios ambientales», explica, en clara referencia al producto de proximidad.
El estudio destaca que a pesar de la relativa cercanía geográfica a las grandes áreas metropolitanas, la falta de acceso en igualdad de condiciones a las oportunidades de empleo, a servicios y equipamientos suponen factores de declive demográfico. En los últimos veinte años en estos municipios la perdida de población ha sido del 15 % frente al crecimiento positivo del 24 % en la Comunitat Valenciana.
Menos explotaciones, relevo limitado y más riesgo de incendios
La caída del número de explotaciones agrícolas se ha agudizado en las últimas décadas y en la actualidad solo permanece un tercio de las que había hace treinta años. Se han perdido 150.000 hectáreas de cultivo en los últimos 25 años, algo que implica la degradación de suelos, pérdida de biodiversidad y riesgo de incendios. De hecho, la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica planteaba en uno de sus planes de prevención la posibilidad de adquirir parcelas abandonadas para su mantenimiento y evitar que acaben actuando como peligroso combustible. Según la Cátedra ProspectCV 2030, «el relevo generacional es muy limitado y lo será mientras no existan incentivos o condiciones para que nuevas generaciones capacitadas tomen el relevo en explotaciones suficientemente dimensionadas y tecnológicamente actualizadas». «Es la agricultura con una base social más envejecida del Estado. No es congruente que, con cifras de productividad aparente del trabajo superiores a la media española, no existan incentivos suficientes para atraer a la juventud a la agricultura».
