La Agencia Tributaria Valenciana (ATV) investiga, por si fuese constitutivo de fraude, el cambio de domicilio fiscal de la Comunitat Valenciana a Madrid de grandes patrimonios.

En un comunicado, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha asegurado que "la competencia fiscal a la baja entre comunidades autónomas alienta el fraude fiscal" y ha destacado la colaboración permanente con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) a través de un grupo de trabajo específico.

La Agencia Tributaria Valenciana ha recaudado 14 millones de euros tras concluir un procedimiento de cambio de domicilio fiscal ficticio, incluyendo la regularización en los impuestos sobre Patrimonio y de Sucesiones y Donaciones.

Su directora, Sonia Díaz, ha admitido "la preocupación de la entidad por este problema", que se ha traducido en un incremento de procedimientos abiertos.

"El 'dumping' fiscal existe. Desde 2017 se han iniciado 22 expedientes por presunto fraude en el cambio de domicilio fiscal, uno en 2017, once en 2018 y diez en 2019, de los que ya se ha instado a la AEAT para que inicie 14 procedimientos de cambio de domicilio", ha apuntado la directora de la ATV.

Las actuaciones se centrarán en aquellos contribuyentes cuyo patrimonio presunto de los ejercicios 2016 y 2017 superaba el millón y medio de euros.

"Durante el último trimestre de este año se iniciarán los requerimientos oportunos para recabar los antecedentes de arraigo que acrediten la residencia en nuestra comunidad", ha apuntado Díaz.

Los procedimientos empiezan con una labor de investigación y de búsqueda de indicios de vida cotidiana que conduzcan a sospechar cambios ficticios de domicilio, como las tarjetas sanitarias, los gastos farmacéuticos o los consumos eléctricos "para comprobar si los domicilios están realmente habitados".

En un reciente informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) se evidenció que la Comunidad de Madrid deja de ingresar más de 4.100 millones de euros anuales, que podrían destinarse a servicios públicos fundamentales, por su política de beneficios fiscales, fundamentalmente a las rentas y patrimonios elevados.

Una política que puede afrontar "gracias a la concentración en Madrid de grandes rentas y patrimonios como consecuencia del 'efecto capitalidad', que absorbe recursos, población, funcionarios estatales, licitaciones y redes de influencia, en detrimento de otros territorios", según el citado informe.