Casi un año después del acuerdo para su puesta en marcha, el órgano en el que ha de fraguarse el consenso para decidir los cambios legislativos dirigidos a corregir las disfuncionalidades y mejorar el funcionamiento de À Punt se constituyó ayer en las Corts, precedido de una tensa comisión ordinaria que dedicó la mayor parte de sus cuatro horas de duración a debatir sobre la retransmisión de las misas y los toros en la radiotelevisión pública.
La nueva subcomisión creada para abordar las reformas del ente se estrenó con mal pie. Antes de iniciarse la sesión, la portavoz del PSPV, Mercedes Caballero, quiso dejar constancia de una queja porque, según esta, la fecha de la reunión no se había consensuado y el grupo socialista no había sido convocado formalmente con carácter previo.
La presidencia, en manos de Unides Podem, negó la mayor y respondió que todos los portavoces eran conocedores de la convocatoria. La primera sesión de la subcomisión se zanjó con el compromiso de presentar un plan que defina los asuntos a tratar, la metodología de trabajo y un cronograma de reuniones. El objetivo es la redacción de un informe concluyente sobre las posibles reformas de la ley de creación de À Punt, que se ha demostrado poco efectiva. Los plazos aún están pendientes de fijarse.
Antes de eso, en la comisión ordinaria sobre la radiotelevisión valenciana, Unides Podem se topó con la negativa de sus socios en el Consell a apoyar una proposición no de ley que instaba al consejo rector de À Punt a suprimir de la parrilla la retransmisión de las misas católicas, televisadas los domingos desde la época del estado de alarma.
Ciudadanos tampoco consiguió sacar adelante otra iniciativa en la dirección contraria que pretendía mostrar el apoyo del parlamento a la continuidad de la misa. Caballero (PSPV) aseguró que algunas homilías «rozan la ilegalidad» y podrían «incumplir el mandato marco» de los contenidos de la radiotelevisión, pero antepuso la independencia del ente «por encima de cualquier interés partidista». «La época en la que el PP daba directrices desde sus despachos a los medios se ha terminado», sentenció la socialista. «Tal vez la ley se puede mejorar, pero no queremos injerencias en À Punt. Decir desde aquí qué se programa y qué no es manipulación», coincidió Mònica Álvaro (Compromís).
Estefanía Blanes (Unides Podem) negó la voluntad de interferir en la parrilla del ente y apoyó su propuesta en el hecho de que el consejo rector, a su juicio, adoptó la decisión de televisar las eucaristías de manera unilateral, sin unanimidad, sin extenderla a otras confesiones religiosas y sin respetar los mecanismos previstos en la regulación de À Punt. Por eso, pidió suspender las misas a la espera de un informe del Consell de la Ciutadania. En cambio, Cs apeló a razones sanitarias, culturales, religiosas y de audiencia para mantener el espacio, a tiempo que sostuvo que el consejo ciudadano se había mostrado proclive a su continuidad.
Condenada al fracaso estuvo también la iniciativa defendida por el PP para que los festejos taurinos formaran parte de la programación de À Punt, invocando la necesidad de captar nuevos espectadores y de poner en valor los «bous al carrer». Los bloques de derecha e izquierda se enredaron en una guerra de cifras en la que se entremezclaron argumentos taurinos y antitaurinos.
El Botànic y Cs rechazan recortes
Los populares fueron los únicos que apoyaron otra propuesta de Vox que reclamaba recortes en la radiotelevisión bajo el pretexto de la crisis sanitaria. En este punto, Ciudadanos se descolgó tendiendo la mano al tripartito para consensuar el presupuesto de À Punt, abriendo la puerta a un incremento y vinculando el acuerdo a la negociación de las cuentas de la Generalitat.
Compromís y Unides Podem se mostraron abiertamente partidarios de dotar de más fondos a la entidad pública -como pide el consejo rector-, si bien en el seno de los partidos del Botànic se asumió que habrá ajustes en la plantilla por la regla que impide dedicar a personal más de un tercio del presupuesto, una de las cuestiones que se propone revisar la nueva subcomisión parlamentaria y que mantiene en pie de guerra a los trabajadores. «Ahora más que nunca, las administraciones tienen que apoyar al personal y a las empresas, incluidas las del sector audiovisual», defendió Blanes. El PSPV recordó a PP y Vox los 11 millones del fondo de emergencia por la covid transferidos por el gobierno andaluz a Canal Sur.
El único acuerdo alcanzado en la comisión de ayer fue el de negociar con el Gobierno más recursos y competencias para los espacios de RTVE en la C. Valenciana, y para crear un centro de producción de programas.
