El regreso al estado de alarma y el repunte de casos de covid-19 en la Comunitat Valenciana, con al menos tres focos entre el funcionariado de la Generalitat, ha espoleado de nuevo las voces que reclaman a la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas un incremento del teletrabajo en los centros de trabajo públicos. Varios sindicatos pusieron ayer encima de la mesa la necesidad de que el Consell permita el teletrabajo de forma voluntaria y busque la vía para reducir la presencia física del personal con el fin de reducir el riesgo de contagio.

Las restricciones asociadas al decreto de la Generalitat bajo el paraguas del estado de alarma no afectan en principio al ámbito laboral, pero el goteo de casos en la Generalitat ha hecho saltar las alarmas. En la Conselleria de Economía se han reportado dos positivos en el área de la subsecretaría, lo que ha obligado a poner en cuarentena a varios compañeros. Este departamento, que ya sufrió el zarpazo del coronavirus en marzo, ha dado instrucciones para que el personal de esa planta pueda teletrabajar. A este posible foco (los dos positivos son contacto estrecho en el ámbito laboral) se suman cuatro positivos en la Dirección Territorial de Educación y dos en la Agencia Valenciana de Tributos. Según ha sabido este diario, la delegada de prevención de UGT ha solicitado la reunión del comité de salud y seguridad para plantear el cierre del edificio (el antiguo Prop II) y que toda la plantilla regrese al teletrabajo mientras dure la alarma.

En un comunicado, el sindicato CSIF instó ayer al Consell a «la aplicación inmediata del trabajo a distancia con carácter voluntario en la Administración». La central sindical recalcó que las últimas medidas de restricciones en los contactos sociales y en lugares cerrados contrastan con «servicios públicos en los que se aglomeran trabajadores». Y lamentó que en todo este tiempo la conselleria no haya aprobado una normativa eficaz para el teletrabajo. Para el sindicato las recomendaciones para limitar la movilidad en el sector privado deben extrapolarse al sector público, algo que también UGT comparte e incluso pide que se paralicen los procesos de oposición de difícil ejecución en tiempos de pandemia.

En la actualidad sigue vigente el acuerdo del Consell que, con motivo de la nueva normalidad, establecía la presencia del cien por cien del funcionariado. En estos meses, los sindicatos y las conselleries de Compromís han insistido en que continuara el trabajo no presencial por temor a los contagios, pero el departamento que dirige Gabriela Bravo se ha mantenido firme en que la norma general debe ser acudir al puesto de trabajo.

Y la posición es «a día de hoy» la misma, según fuentes de la citada conselleria. Desde el departamento de Justicia se argumenta que los indicadores de contagio están alejados de los de marzo, cuando obligaron a enviar a la plantilla a su domicilio, además de apuntar que están siguiendo las indicaciones de Sanidad y que si la situación empeora se tomarán otras medidas.

Por lo pronto, el nuevo decreto de teletrabajo está aún por aprobar. El texto está muy avanzado, pues ha pasado ya por la fase de alegaciones de las distintas conselleries y también se ha negociado con los sindicatos, pero el proyecto aún está pendiente del informe de Hacienda y del dictamen del Consell Jurídic. Es decir, la previsión es aprobarlo antes de que acabe el año, pero no de forma inminente. En caso de necesidad, habría que acudir a un nuevo acuerdo del Consell.