La consellera de Justicia y Administraciones Pública, Gabriela Bravo, acaba de plantear en una reunión con sindicatos la reducción de la presencialidad del funcionariado en la Generalitat en torno un 30%. El cambio de criterio del departamento de Bravo se produce coincidiendo con la nueva declaración del estado de alarma y las medidas restrictivas acordadas por la Conselleria de Sanidad que, si bien no afectaban al ámbito laboral de la Generalitat, sí recomendaban evitar al máximo la concentración de personas.

En los últimos días, además, se han incrementado los casos de coronavirus entre el personal funcionario en varias conselleries y servicios y al menos dos sindicatos (CSIF y UGT) habían pedido formalmente a Bravo que permitiera el teletrabajo voluntario para reducir el riesgo de contagio.

Bravo ha dicho que convocará la comisión del plan de contingencia para proponer esta reducción que en la práctica supone un regreso parcial al teletrabajo tras admitir que la situación, aunque no se ha decretado el nivel 3, se “está cerca” y las perspectivas son que la curva de casos de coronavirus siga creciendo. La consellera ha planteado turnos rotarios y, en todo caso, ha dicho que los servicios de atención ciudadana seguirán abiertos.

Teletrabajo entre los funcionarios de la Generalitat

El pasado 21 de junio, coincidiendo con la nueva normalidad, el Consell acordó una resolución que obligaba al cien por cien de presencialidad de la plantilla, un acuerdo que fue muy criticado en ámbitos sindicales, pero sobre todo por parte de las conselleries bajo la órbita de Compromís que consideraban que el teletrabajo debía continuar mientras hubiera alerta sanitaria. Esta cuestión ha dado lugar a un largo tira y afloja entre Justicia y estos departamentos. El departamento de Bravo ha optado finalmente por abrir la mano y permitir que aproximadamente un tercio de empleados y empleadas teletrabajen ante el repunte de casos y la virulencia de la segunda ola.