Cuando se cumple un mes desde su celebración, un total de 214 personas ya han sido identificadas como participantes en las fiestas ilegales en la azotea y un par de habitaciones del colegio mayor Galileo Galilei. Estos encuentros fueron el origen del mayor brote de coronavirus en la Comunitat Valenciana, con al menos, 168 contagios y provocaron el confinamiento de la residencia y la suspensión de las clases presenciales en el campus de Vera de la Politècnica.

La investigación que desarrolla la Policía Nacional adscrita a la Generalitat está «muy avanzada» y se espera alguna identificación más, según aseguraron ayer fuentes de la Conselleria de Justicia. Será el órgano sancionador el que determinará el grado de implicación y el tipo de sanción que, de ser grave, contempla multas entre 601 y 30.000 euros.

Hace una semana, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, dio detalles de la investigación que concluía que la fiesta ilegal celebrara el pasado 26 de septiembre en la terraza del colegio fue una «grave violación» de la normativa anticovid y proponía para dos directivos y dos trabajadores del colegio, además de para los convocantes de la fiesta y los participantes una sanción grave.

Además, informó de que este tipo de sanción podía acarrear el cierre temporal del centro y explicó que sería el expediente sancionador, que según las mismas fuente aún no se iniciado y puede prolongarse seis meses, el que determine las cuantías y las diferentes responsabilidades.

«Inacción y falta de medidas»

Según el informe policial, el director y el coordinador del Galileo Galilei tienen «clara» responsabilidad «por el total descontrol», «inacción» y «falta de medidas», así como el propio centro como empresa. También ve «innegable» la responsabilidad de los miembros del consejo colegial, encargados de la organización de las actividades lúdicas del colegio y que, aunque aseguraron que habían desconvocado la fiesta, se ha acreditado que fueron a la misma.

A instancias de la Conselleria de Innovación y Universidades, la Policía Autonómica inició la investigación sobre la fiesta ilegal celebrada el 26 de septiembre, por posible incumplimiento del decreto de las medidas de seguridad por la covid para determinar los hechos, la responsabilidad y las posibles sanciones a imponer.

El relato policial detalla que la noche del 26 de septiembre una llamada anónima a la recepción del colegio advirtió de una fiesta ilegal en la azotea del centro «con personas bailando y bebiendo» y que fue disuelta por el trabajador de guardia en la recepción.

Sin embargo, aquello no acabó ahí. Sobre la una de la madrugada la Policía Nacional recibió el aviso de que en una de las habitaciones del colegio se celebraba una fiesta y cuando se personaron los agentes identificaron a los participantes, que no tenían «ninguna medida de seguridad ni guardaban las distancias».

Más tarde, entre las 3 y las 4 de la madrugada, hubo otro aviso a la Policía sobre otra fiesta en otra habitación del mismo colegio en las mismas condiciones de falta de seguridad, y de nuevo fueron identificados todos sus participantes. De estas celebraciones son los 214 identificados que podrían recibir una sanción grave.