La Asociación de Empresarios de Máquinas Recreativas de la Comunitat Valenciana (Andemar) ha cifrado en 80 millones de euros las pérdidas en materia recaudación tributaria que podría sufrir la Generalitat como consecuencia de la aplicación de la nueva ley del juego aprobada en mayo por las Corts. La patronal empresarial advierte de la posible destrucción de hasta 4.000 puestos de trabajo en hostelería y empresas operadoras de máquinas recreativas y de otros 1.600 en salones de juego. La entidad, presidida por Encarna Gaspar, asegura que el Informe del Juego de 2019 de la Comunitat Valenciana demuestra que «no existen datos objetivos» para aprobar una ley que califican de «mordaza». Y sostiene que, sobre un total de 50.257 inspecciones, el pasado año no se acreditó ningún expediente sancionador por el acceso de menores de edad a establecimientos de hostelería ni de juego .

Las inspecciones en máquinas de juego el pasado año se elevaron a 16.676, frente a las 32.472 en puestos de juego y a las 184 en establecimientos de hostelería, con cinco actas. En salones de juego, de las 910 inspecciones practicadas solo 10 expedientes se convirtieron en sanción, inciden.