La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Gabriela Bravo, renuente en los meses de la llamada nueva normalidad a que el personal continuara teletrabajando, acabó ayer cediendo y, en una reunión con sindicatos, anunció una resolución para reducir la presencialidad del funcionariado en el ámbito de Justicia y la Generalitat de hasta un 30 %. El cambio de criterio del departamento de Bravo se produce coincidiendo con la nueva declaración del estado de alarma y con las medidas restrictivas acordadas por la Conselleria de Sanidad para reducir la movilidad.
La semana arrancó con un negativa por parte de Justicia a abrir la mano, ya que se entendía que las restricciones no afectaban al ámbito laboral de la Generalitat y los indicadores no eran tan alarmantes como cuando en marzo se envió a la plantilla a sus casas. Y ello, pese a que el consejo territorial de salud de la semana pasaba recomendaba «potenciar el teletrabajo al máximo». El repunte de casos entre el personal funcionario había incrementado en las últimas horas la presión sobre Bravo para permitir el teletrabajo. Al menos dos sindicatos (CSIF y UGT) habían pedido formalmente que fuera voluntario para el funcionariado.
Con una situación que empeora por horas, Bravo optó por flexibilizar su postura y aceptó que por prevención debe reducirse el número de personas que acuden a la Generalitat. Por la tarde, convocó el plan de contingencia con presencia de todas las subsecretarías, para que sean ellas quienes en cada conselleria elaboren un plan de actuación que defina qué personas teletrabajarán y cómo se realizará el control. Bravo admitió que el objetivo es garantizar la salud del personal, pero también planificar el trabajo no presencial para evitar un nuevo colapso de la administración. Los servicios de atención al público continuarán abiertos y es posible que se establezcan turnos de rotatorios.
En principio, Justicia no se plantea un nuevo acuerdo del Consell que revoque el del pasado 21 de junio por el que se estableció la presencialidad del cien por cien de la plantilla. Un acuerdo muy criticado en ámbitos sindicales y por las conselleries bajo la órbita de Compromís, que consideraban que el teletrabajo debía continuar mientras hubiera alerta sanitaria. Esta cuestión ha dado lugar a un largo y tenso tira y afloja entre la consellera de Justicia y estos departamentos. La resolución será efectiva a partir del lunes.
No todo el personal sanitario cobrará la gratificación
La paga extraordinaria anunciada por el presidente Puig para gratificar al personal sociosanitario por su trabajo en pandemia podría hacerse efectiva antes de acabar el año, pero no llegará a todo el mundo. La Conselleria de Sanidad, a preguntas de los sindicatos en la Mesa General de Negociación, precisó que en aquellos hospitales de gran tamaño, el plus se dará a quienes hayan trabajado en la primera línea y atendido a pacientes covid. Sanidad no aclaró la cuantía de esta extra.
