El expresidente de la Diputación de Castelló Carlos Fabra declaró ayer ante el Juzgado de Instrucción número 4 de la capital de la Plana que le investiga por presuntos delitos de frustración de la ejecución, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas y que el pasado septiembre ordenó el registro de la villa de Platgetes (Orpesa) donde vive.
El órgano que ahora dirige el magistrado Jacobo Pin -quien dio el último impulso desde los juzgados de Nules el caso Naranjax, que acabó con Fabra entre rejas- inició la presente investigación en el año 2017, a raíz de una denuncia que partió de la Fiscalía. El juzgado investiga si el expolítico popular ocultó bienes de su patrimonio para dificultar la ejecución de la sentencia de la Audiencia Provincial de Castelló que en el año 2013 condenó a Fabra a cuatro años de cárcel y al pago de una multa de 1,4 millones por cuatro delitos fiscales en el denominado caso Naranjax.
Sin contestar
El histórico exdirigente del PP llegó ayer a los juzgados minutos antes de las 9.30 -estaba citado a las 10-, del brazo de su hija Andrea Fabra (exdiputada y exsenadora popular). «No voy a contestar a nada», anunció a los medios congregados el investigado, quien sí se pronunció ampliamente tras el registro de su chalet de Platgetes hace ahora un mes. Su declaración fue muy breve y duró menos de 15 minutos, pues Fabra no contestó a todas las partes del procedimiento.
A su salida de la sede judicial, el expresidente de la diputación continuó guardando silencio, a pesar de las numerosas preguntas que los periodistas le formularon. Durante su trayecto hasta el aparcamiento, el expolítico se cruzó con varias personas que lo reconocieron e hicieron comentarios sobre su condena de prisión.
