La Fiscalía de València ha rebajado de catorce años a ocho años de cárcel la pena de prisión que solicita para tres de los cabecillas del caso Emarsa, por cuatro delitos fiscales, presuntamente cometidos entre 2006 y 2009 por Emarsa al reingresar por Hacienda de forma fraudulenta 1,3 millones del IVA de facturas falsas. La rebaja, de tres años y seis meses por cada delito a dos años por el delito cometido en cada anualidad, fue justificado por una de las fiscales del caso Emarsa -que ha logrado una condena firme del Tribunal Supremo- para «reducir el elemento punitivo» contra los tres acusados, ante las elevada penas ratificadas por el alto tribunal el pasado 9 de octubre. El Ministerio Público también se opuso a que se les aplique las atenuantes de dilaciones indebidas o confesión a algunos de los tres acusados (el expresidente de Emarsa, Enrique Crespo; el exgerente de Emarsa, Esteban Cuesta; y el empresario y ‘facturero’ Jorge Ignacio Roca) porque «no las merecen».
El juicio por una de las últimas piezas separadas que quedaba pendiente quedó ayer visto para sentencia en el Juzgado de lo Penal 6 de València (el mismo que absolvió en 2016 a Crespo y su familia de un alzamiento de bienes, al acusarlos de ocultar el dinero que ganaron en la lotería y que no pudo ser probado).
Las defensas de los tres acusados insistieron en pedir la nulidad de la vista, que se ha prolongado durante tres días, ya que consideran «causa juzgada» los cuatro delitos contra la Hacienda Pública en la causa principal que acaba de confirmar el Supremo. Una tesis que defendió el abogado de Enrique Crespo, el exmagistrado José Antonio Choclan, cuya estela siguieron los letrados de los otros dos acusados. «El delito fiscal no es explicable sin la facturación falsa, que ha sido el instrumento para ejecutar la malversación» confirmada por el Supremo. Por ello, defendió que «se le estaría condenando dos veces por lo mismo», además de defender que «no hay una sola prueba contra Enrique Crespo. Los verdaderos autores no están en el banquillo de los acusados», defendió.
El letrado de Jorge Ignacio Roca, José Luis Calonge, también defendió la compatibilidad de «pedir la nulidad del juicio» pero al mismo tiempo «reconocer los hechos». Roca, responsable de elaborar facturas falsas que permitieron el desvío de 11 millones de euros, pide que se le aplique la atenuante de confesión y las dilaciones indebidas (a pesar que estuvo 4 años huido) y sólo ser condenado a 12 meses de cárcel. La defensa de Cuesta también apelaba a la atenuante de confesión para rebajar la condena.
