El proyecto de presupuestos presentado por el Gobierno contempla un incremento del 34 % en la aportación del Estado al sistema de la dependencia, el equivalente a una subida de 636 millones de euros. El Ministerio de Derechos Sociales se ha comprometido a asumir en 2021 el 26% de la financiación compartida con las comunidades autónomas, cuando en 2019 apenas costeó el 11,1 % del coste total del servicio en la Comunitat Valenciana (93,2 millones de euros), frente al 88,9% de la Generalitat (748,4 millones), según un reciente estudio de la Asociación de directores y gerentes de Servicios Sociales. De media en el conjunto de territorios, la financiación del Gobierno representaba el 19 %. La Ley de Dependencia determina una aportación conjunta del 50 % entre el Estado y las autonomías que nunca se ha cumplido pese a las quejas de las comunidades, que tienen que soportar un peso mucho mayor para mantener el sistema. El vicepresidente Pablo Iglesias se traza el objetivo de terminar la legislatura habiendo alcanzado el 34 % de la financiación, un porcentaje todavía alejado de la ley y del exigido por Compromís para apoyar al Gobierno en el acuerdo de investidura. De momento, los presupuestos aumentan un 19,9 % el nivel mínimo garantizado, que se entrega de forma equitativa a las comunidades, en función del grado de gravedad de cada dependiente. El importe está pendiente de asignarse dentro de la negociación de un plan de choque con las comunidades para intentar paliar diez años de recortes los recortes con la mejora de las prestaciones y la reducción de las abultadas listas de espera.