El Consell aumentará el gasto en 2.606 millones el próximo año según recoge el presupuesto autonómico que el Gobierno valenciano entregó ayer a las Corts, el mayor de la historia con 25.627 millones. La filosofía de las cuentas se resume en la necesidad de un aumento del gasto que afecta a todas las partidas sociales, especialmente la sanitaria, para blindar el escudo social, no dejar a nadie descolgado por la crisis y poner las bases de la reactivación.
La vía keynesiana del aumento del gasto público en época de recesión es la respuesta valenciana para contrarrestar el ciclo de desplome económico que ha provocado la pandemia. La previsión de la Generalitat es que la economía valenciana se hunda casi un 11 % aunque prevé que en 2022 se recupere algo más del 8 %.
Así, el capítulo de ingresos del presupuesto muestra una gran dependencia de las aportaciones que lleguen del Estado, mecanismos de deuda como el FLA y el primer avance de subvenciones europeas para la recuperación, el llamado fondo React UE.
La previsión financiera del Consell supone un punto de partida porque el Consell confía en que durante 2021 se vayan generando ingresos, como ocurrió este año con el fondo covid no reembolsable. Esa confianza se sustenta en el cambio de actitud del Gobierno de España y de la UE, que ya han abierto el grifo del gasto público para aliviar la crisis.
Por ello, una de las claves está en las mayores facilidades que el Ejecutivo da al endeudamiento de las autonomías tras suspender la senda de la austeridad y en el mantenimiento de las entregas a cuenta pese al desplome de la economía que permite al Consell «salvar» 942 millones. El soporte financiero del Gobierno alcanzará los 13.811 millones, un 4 % más que el año anterior y un 28 % superior al ejercicio de 2019.
Partida reivindicativa
Además, para cuadrar los ingresos el Consell vuelve a incluir la partida reivindicativa por la infrafinanciación por sexto año consecutivo, unos ingresos que la oposición considera ficticios.
Esa partida asciende este año a 1.336 millones a los que se suman otros 370 del llamado Foga histórico, la contraprestación pendiente por los servicios sanitarios que el sistema valenciano realiza a ciudadanos de otras autonomías. También se añade la reivindicación del pago de la dependencia hasta el 50 % que el Estado está obligado a financiar.
Pero las cuentas no incrementan los impuestos a las rentas valencianas más elevadas ni gravan las viviendas vacías de grandes tenedores como reclamaba Compromís para ingresar cien millones más y apoya Unides Podem.
El Consell, con todo, se abre a la posibilidad de que en el trámite parlamentario los grupos puedan incorporar modificaciones a la ley para una mayor progresividad fiscal en la línea del Gobierno de España, donde el PSOE y Unidas Podemos han pactado más impuestos para las rentas del capital de más de 200.000 euros y del trabajo de 300.000 y a patrimonios de más de diez millones de euros. Compromís y Unides Podem ya han anunciado que presentarán enmiendas.
El conseller Soler aseguró ayer que no se ha seguido el camino del Gobierno en fiscalidad porque el Consell ya desarrolló una reforma tributaria en 2017 y el dúo Sánchez-Iglesias acaba de llegar al poder, pero no cerró la puerta a que se ponga en marcha si así se acuerda en las Corts.
Uno de los partidos que aplaudió el presupuesto del Botànic ayer fue Ciudadanos, formación abierta a dar apoyo y que los considera un buen primer paso porque no recogen la subida de impuestos que pedía Compromís.
