La Generalitat Valenciana reprocha al Ministerio de Transición Ecológica que la mala depuración de las aguas residuales en el área metropolitana de Madrid acabe condicionando el trasvase Tajo-Segura. Así de explícita se mostró ayer la consellera Mireia Mollà al hacer públicas las alegaciones a los Esquemas de Temas Importantes del Júcar y el Tajo, dentro del Plan Hidrológico 2021-2027. Para la titular de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, los caudales ecológicos establecidos por el Gobierno en el tramo alto del Tajo no se entienden «al no estar avalados científicamente, ni motivados».
Mollà defiende que la cabecera del Tajo está «sana», por lo que discute y discrepa de la decisión de recortar una transferencia hídrica que supone la viabilidad, o no, del tejido económico valenciano. «No tiene ninguna justificación científica, ni técnica, salvo política y no quiero ni pensarlo», enfatizaba. Explicó en su intervención que la Generalitat Valenciana además de alegar a la Confederación Hidrográfica del Júcar, ha propuesto formalmente al ejecutivo español que asigne de forma singular parte de los fondos de recuperación para mejorar la salud del Tajo en ese punto concreto. «El problema está identificado y no son los regantes de la Comunitat Valenciana, ni es el trasvase, es la mala depuración (de Madrid)», incidía.
Acudir a la vía legal
El Sindicato Central de Regantes estima que las transferencias hídricas se reducirían en más del 35 %, pasando de 339 a 218 hm3 anuales, y de 243 a 152 hm3 al año en el caso de la agricultura, rebajando esa cifra a los 115 hm3 anuales. Mollà ya adelantó que el ejecutivo valenciano no admitirá «actuaciones contrarias a derecho». «No cerraremos ninguna vía si no se ven contemplados nuestros intereses», advertía.
Otro de los frentes de la conselleria está en el Xúquer, con la contaminación de las aguas y la salvaguarda de l’Albufera como ejes prioritarios. El gobierno autonómico plantea al organismo de cuenca la importancia de incorporar instalaciones de antidesbordamiento, sistemas de saneamiento, o la prohibición de vertidos a las redes de alcantarillado y la impermeabilización de colectores. En cuanto a la contaminación difusa, el Botànic II pide que el plan del Júcar apueste de manera «clara» por medidas encaminadas a una agricultura de precisión que redunde en la mejora ambiental y suponga un ahorro para el agricultor. Pide también que se acabe con las extracciones ilegales.
Las aspiraciones para el Parc Natural de l’Albufera son las mismas por parte de la conselleria y en Ayuntamiento de València, cifradas en 70 los hm necesarios para mantener la calidad ambiental del lago. Un aporte que según recordaba Mollà, no puede estar «en ningún caso vinculado a las obras de modernización de regadíos». Recalcó además que las obras e infraestructuras para mejorar la gestión de recursos hídricos «no pueden repercutir sobre las espaldas de los agricultores» por lo que pide al Gobierno que no aplique la amortización de costes de obra a los usuarios, puesto que son de «interés medioambiental».
La Generalitat, recordó, plantea un nuevo proyecto con «varias actuaciones que no se pueden desligar las unas de las otras» y que pasan por mejorar el colector Oeste, la puesta en marcha de los tanques de tormenta ya construidos por Acuamed, aliviar la presión sobre el sistema de la depuradora de Pinedo y permitir la reutilización de parte de las aguas desde una nueva EDAR situada en l’Horta Sud.
