La Ley de Dependencia de 2006 fue un hito del Estado del Bienestar, que, sin embargo, avanza a trompicones por la carencia tanto de medios económicos como de personal. No obstante, las ayudas crecen paulatinamente al igual que los fondos, pero de forma desigual. Mientras el Estado limita su aportación a un 26 %, según el proyecto de Presupuestos Generales de 2021, la Generalitat Valenciana se ve obligada a desembolsar el resto cuando la normativa establece una financiación compartida al 50 % de ambas Administraciones.
Los beneficiarios en la Comunitat han pasado de los 41.955 de julio de 2015 a las 99.429 actuales, aunque el último informe de la Sindicatura de Comptes sobre la gestión de la dependencia dibuja un panorama poco alentador. Así, sitúa el plazo medio de tramitación de la prestación en 526 días, muy por encima del máximo legal de 180 días. Los vecinos de Paterna y València son los que más demoras de media padecen con dos años y un mes mientras que los de Alicante tienen que esperar un año y nueve meses.
El mismo informe destaca que el retraso medio se ha reducido paulatinamente desde los 949 días que había en 2016 a los 526 actuales, pero al mismo tiempo revela que en la Comunitat no se tiene en cuenta la capacidad económica para la asignación de plazas públicas y advierte de la escasa oferta de las mismas.
El estudio también reprocha que no se garantice el derecho por parte de los usuarios a conocer el estado de la tramitación así como la falta de medios para la solicitud telemática ni se están «practicando las modificaciones sobre el programa informático de gestión de dependencia» para que la gestión sea «más ágil». Por último, señala que si bien se han aumentado los medios humanos, «estos continúan siendo insuficientes».
