En el mes de marzo, el Gobierno decidió que los servicios sociales pasaban a ser «servicios esenciales» y que las comunidades autónomas y los municipios podían contratar personal de forma más flexible para reforzar sus servicios sociales y garantizar así la atención a los más vulnerables durante la pandemia.

Sin embargo, la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de la Comunitat Valenciana asegura que apenas un centenar de ayuntamientos valencianos (de los 542 que tiene la autonomía) han ampliado sus plantillas de servicios sociales gracias a esa contratación «extra» que el Gobierno permite desde hace más de siete meses.

La falta de personal en la atención a personas dependientes y la escasez de plazas en centros de día, residenciales y ocupacionales implica «que hay muchas personas dependientes que están en sus domicilios sin recibir atención alguna. La consecuencia es un deterioro evidente del afectado y una sobrecarga enorme para sus familiares que, en muchas ocasiones, se ven obligados a perder el trabajo para cuidar de sus seres queridos. Las listas de espera son lo que más nos preocupa porque mientras la gente espera sufre y se deteriora».

Así lo explica el presidente de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia, Emilio García, tras analizar el informe de la Sindicatura de Comptes publicado ayer, que sitúa el plazo medio de tramitación para resolver la prestación por dependencia en 526 días en la Comunitat Valenciana en 2019 (es decir, unos 18 meses cuando la ley marca seis meses), e indica que los habitantes de València y Paterna, por ejemplo, esperan una media de dos años y un mes entre que solicitan la prestación y la reciben, y los de Alicante, un año y nueve meses.

Ahora bien, el informe recalca que esos mismo plazos se han reducido de forma considerable desde 2016 (cuando la espera era de 949 días) y García también pone en valor «el esfuerzo de la Conselleria de Igualdad en desatascar la dependencia cuando la autonomía está infrafinanciada y el Gobierno central no cubre la parte que le corresponde en dependencia. Todo eso lo sabemos y aunque es cierto que el sistema ha mejorado bastante aún queda mucho por hacer».

De hecho, desde la plataforma ponen el foco en dos aspectos que precisan «un cambio urgente»: la falta de plazas en centros (de día, residenciales y ocupacionales) y la falta de personal en el Servicio de Atención a Domicilio (SAD) que realizan los ayuntamientos. «Hay demasiada gente que no recibe atención o porque no hay plaza en el centro o porque tampoco hay personal suficiente para recibir la ayuda a domicilio. Solo en la Safor hay 150 personas esperando el SAD», explica García.

Y añade: «Vemos muchas personas dependientes que se deterioran en sus casas sin recibí ningún apoyo, sin que ni siquiera les hagan seguimiento o les cubran la atención psicológica. La nada. Muchos familiares pierden sus empleos o no pueden trabajar y esta es una reivindicación histórica que ahora se ha disparado por la pandemia. La conselleria debe aumentar las inspecciones a ayuntamientos y centros y favorecer la ayuda del asistente personal, que es muy importante».