El juez del caso Alquería, que investiga la presunta prevaricación y malversación en la contratación de diez altos cargos en la Diputación de València durante la presidencia del alcalde de Ontinyent Jorge Rodríguez, ha solicitado a la institución provincial la lista completa de asesores de todos los partidos políticos entre 2015 y 2019, tal como solicitó la Fiscalía Anticorrupción.
En concreto, el representante del Ministerio Público pidió a la Diputación de València que facilitara la lista completa de «personas nombradas como personal eventual al amparo de la ley reguladora de bases de régimen local, desde el mes de julio de 2015 hasta el año 2019 inclusivo». En este listado, la Fiscalía Anticorrupción (y ahora el Juzgado de Instrucción 9) reclaman que se especifique «la adscripción al grupo político correspondiente» además de las «altas o bajas» que pudieron producirse entre el personal de confianza de todos los partidos políticos y su «correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de València (BOP)», según el escrito del fiscal, del que ya informó Levante-EMV. El secretario de la Diputación de València también debe informar «si los nombramientos efectuados para cada uno de los periodos temporales indicados agotaban el cupo legal de los que la citada institución provincial podía nombrar como personal eventual de libre designación».
Una pirueta legal y administrativa que ya se hizo con el concejal procesado en el caso Avialsa, Emilio Máñez, que fue contratado como brigadista en Imelsa pero que en realidad ejercía de asesor de un diputado provincial entre 2003 y 2007. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (Tsjcv) confirmó la condena de la sección quinta de la Audiencia de València a Máñez y al diputado que asesoraba, Francisco Huguet exalcalde de Quartell, por prevaricación y malversación, a cumplir dos años y medio de prisión y a devolver a Divalterra (la empresa pública de la Diputación de València y heredera de la antigua Imelsa) los salarios indebidamente percibidos por Mañez como asesor de Huguet desde agosto de 2003 a agosto de 2007.
De los dieciséis investigados en la causa, cinco se opusieron a que el Juzgado de Instrucción 9 solicitara la información de los asesores. Negativa que el juez del caso Alquería rechaza ya que considera que «la petición es procedente y particularmente fundada al encontrarnos en la investigación de hechos, que pudieran ser constitutivos de dos presuntos delitos, de prevaricación administrativa y de malversación de caudales públicos, en los que a través de nombramientos de cargos de alta dirección, se hubiera producido eventualmente infracción de normas aplicables a dicha contratación».
El magistrado también justifica que la documentación reclamada a la Diputación persigue saber si «alguno de los contratados, tuvieran algún tipo de relación previa en la Diputación, de confianza, que pudiera contemplarse, interpretarse, acreditarse, que hubiera podido servir de base a las ulteriores contrataciones, que hubieran podido ser causa de no observancia de los procedimientos inicialmente previstos en las normas propias obligatorias para la contratación de altos cargos».
Incluso añade que «establecer tal posible relación yo coincidencia con alguno de los nombrados entonces como personal eventual, por pertenencia a determinados grupos políticos y posteriormente ya como altos directivos, no resulta superfluo o impertinente».
La Abogacía rechaza que declare el número 2 de Puig como reclama Camps
La Abogacía de la Generalitat pide al Juzgado de Instrucción 2, que investiga el caso Valmor y las contrataciones de la Fórmula 1, para que revoque la declaración como testigos el 25 de noviembre el secretario autonómico de Presidencia, Andreu Ferrer, y la representante de la Abogacía de la Generalitat, Maria José Rodríguez Blasco, como pidió el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, investigado en esta causa, aunque la Fiscalía pide el archivo del caso contra él.
