Adif ha anunciado que ha presentado proyectos por valor de 14.000 millones de euros para optar a ser financiados por el fondo de recuperación de la Unión Europa. Como reconoció su presidenta, Isabel Pardo de Vera, la principal actuación que se afrontaría desde su departamento de acceder a esta aportación es la mejora de la red de Cercanías en España, muy necesitada de inversiones. En la línea C6, la que une València y Castelló, todavía están pendientes la mayor parte de los 958 millones que el plan de Cercanías contemplaba para este tramo.
La cifra fue aportada a finales del 2017 por el entonces ministro de Fomento, Íñigo de la Serna; y fue asumida por José Luis Ábalos, dentro de un plan que prevé actuaciones hasta el 2025. En la Comunitat Valenciana, la inversión total prevista es de 1.436,55 millones de euros, cantidad que incluye también la aportación de Renfe -para renovación de trenes, estaciones o mejora de servicios-, que reserva 215 millones para la C6, aunque, en principio, no entraría dentro de los fondos europeos.
Como indican desde la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana, el grado de ejecución de este plan de Cercanías es mínimo. Una afirmación reforzada por un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Infraestructuras de transporte, que reflejaba la «insuficiente» inversión del Estado en Cercanías pese a acumular al 90 % de los usuarios del ferrocarril. En el caso de la Comunitat Valenciana, además, recoge la caída de viajeros entre 2008-2018 y la prácticamente nula ejecución de proyectos de mejora de la línea en los diez años entre el 2010 y el 2020. De hecho, este estudio afirma que solo se ha ejecutado un 0,3% de lo proyectado a nivel autonómico.
Un déficit, en definitiva, que pagan los usuarios. Como muestra, las cifras del balance realizado por Renfe a principios del año pasado -es decir, todavía sin tener en cuenta la problemática suplementaria de la pandemia. La empresa pública canceló en el 2019 356 circulaciones de trenes programadas en la línea C6. Es una cifra que significa el 1,5 % del total de 22.856, pero que llama la atención por ser un 278 % mayor que en el 2018, cuando hubo 128. Al margen, están los retrasos.
Desde el Ejecutivo central achacaron esta circunstancia a «ciertos desequilibrios producto de las disfunciones administrativas que se generan durante los procesos de incorporación y de desvinculación o jubilación de los trabajadores», en respuesta a una pregunta lanzada por el senador de Compromís Carles Mulet.
