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Casi 200 consistorios se enfrentan a multas por tener a falsos autónomos

Trabajo urge a los pueblos de menos de 5.000 habitantes a regularizar las cuotas de los técnicos de diputación bajo castigos de 10.000 € por trabajador

Fachada del Ayuntamiento de Calles, uno de los afectados por el requerimiento. | FERNANDO BUSTAMANTE

Fachada del Ayuntamiento de Calles, uno de los afectados por el requerimiento. | FERNANDO BUSTAMANTE

Los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes de la provincia de València han recibido un ultimátum de la Inspección de Trabajo para que abonen las cotizaciones de la Seguridad Social de los últimos cuatro años correspondientes a los técnicos externos que fueron contratados al amparo de los convenios de colaboración suscritos con la diputación y los colegios profesionales.

El requerimiento se produce después de los últimos pronunciamientos del Tribunal Supremo en un litigio que se remonta a 2016, cuando Trabajo concluyó que los citados profesionales (arquitectos, aparejadores e ingenieros) estaban ejerciendo en realidad como «falsos autónomos», puesto que mantenían una relación laboral estable con las corporaciones y, por lo tanto, debían estar dados de alta en la Seguridad Social. La diputación cambió el sistema de contratación en 2018, pero las reclamaciones pendientes han generado preocupación e incertidumbre en los municipios.

La última carta firmada por el subinspector Laboral de Empleo da a los consistorios de plazo hasta el 15 de diciembre para manifestar su intención de regularizar voluntariamente la situación de los técnicos y hasta el 15 de febrero para abonar las cuantías pertinentes. En caso contrario, si declinan dicha posibilidad, se enfrentan a multas que pueden oscilar entre los 3.126 y los 10.000 euros por cada uno de los trabajadores incluidos en el procedimiento, en virtud de una infracción considerada como «muy grave».

El requerimiento de la Inspección de Trabajo emplaza a los consistorios que no vayan a proceder a la regularización voluntaria a que remitan abundante documentación, entre la que se incluyen los convenios de colaboración suscritos con la diputación y los colegios profesionales, los contratos con los profesionales externos, las fecha de inicio y fin de la prestación del servicio, los días en que los técnicos han estado presentes en las oficinas de las entidades locales, junto a la jornada y los horarios; así como los locales y medios utilizados para la ejecución del trabajo, el número de expedientes elaborados anualmente por cada técnico, algún informe firmado por los profesionales y una descripción del cometido que ejercían y la forma en que trabajaban, entre otros conceptos. Examinado el caso, la Seguridad Social podría actuar de oficio.

Para justificar sus actuaciones, la Inspección cita tres sentencias del Tribunal Supremo dictadas en julio de este año que abocan a los ayuntamientos de Torrella, Benissuera y Venta del Moro a pagar entre 10.000 y 25.000 euros a la Seguridad Social por las cotizaciones no satisfechas a distintos empleados que deberían haber estado de dados de alta. A los dos primeros municipios, con presupuestos de menos de 150.000 euros anuales, también se les impusieron costas de 1.500 euros. Y hay muchísimos fallos más en la misma línea. El ultimátum recibido por las corporaciones interrumpe el plazo de prescripción de las infracciones y su incumplimiento «constituye un acto de obstrucción sancionable con multa de hasta 6.250 euros», según detalla el escrito.

«No sabemos la cantidad que vamos a tener que asumir, pero con un ayuntamiento con tan poco presupuesto como el nuestro cualquier extra que nos viene es un duro revés, sobre todo ahora que tenemos más gastos por la covid», asegura la alcaldesa de Calles. Mª Consuelo García lamenta que su consistorio tuvo que prescindir de su arquitecta porque no podía costear su salario y pide a la diputación que busque la fórmula para solucionar el entuerto. «Apenas tenemos recursos. La secretaria viene un día a la semana y aún está revisando con la Seguridad Social lo que se nos pide», incide.

Iniciativas del PP y La Vall ens Uneix

Tanto el PP como La Vall ens Uneix (LVEU) han cursado iniciativas para reclamar a la diputación que se haga cargo de los eventuales castigos. Los populares han pedido una reunión con el presidente para abordar el asunto, que está siendo revisado a fondo por la corporación provincial. El portavoz del PP, Vicente Mompó, avisa de que si los profesionales especializados deben tener la consideración de trabajadores por cuenta ajena y no por cuenta propia se deberían reintegrar a las arcas municipales los pagos que en su día sí asumieron los consistorios en concepto del IVA. El diputado de LVEU, Joan Sanchis, ha pedido que se impulse un acuerdo global que ayude a todos los municipios afectados y que incluya la reclamación a Hacienda para que devuelva el IVA cobrado de forma inadecuada para «no dejar desamparado» a nadie. Sanchis aboga por retomar el proyecto de las oficinas comarcales con redes de técnicos mancomunados.

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