La Diputación de València ha iniciado los cauces para reclamar la devolución de una parte importante de las indemnizaciones abonadas por Divalterra a seis exaltos cargos vinculados al PSPV y Compromís destituidos tras el estallido de la operación Alquería. La corporación presidida por el socialista Toni Gaspar ha detectado que los finiquitos percibidos por los afectados, por un importe global de 123.000 euros, no se ajustaron a los parámetros legales que deben regir el despido de los altos directivos de las entidades públicas. Según los primeros cálculos estimativos, la cuantía cuyo retorno va a exigirse rondaría los 98.000 euros.
Las compensaciones en el punto de mira oscilaron entre los 18.431 euros y los 23.777 euros. Sus perceptores fueron los exdirectivos Soledad Torija, Manuel Carot, Josep Lluís Melero y Raúl Ibáñez y los cogerentes Agustina Brines y Xavier Simón. Ninguno estuvo más de tres años en el cargo. La corporación considera que se trató de un error y que no existió mala fe en el cobro de unas indemnizaciones superiores a lo legal, según confirmaron fuentes cercanas a Gaspar. Se da la circunstancia de que los afectados están investigados en el marco del caso Alquería junto con el expresidente Jorge Rodríguez.
Otros cuatro directivos cuyas contrataciones también están bajo la lupa de la justicia cobraron cantidades muy inferiores porque sus bajas fueron voluntarias o duraron poco en el cargo. Es el caso de Miguel Ángel Ferri, Voro Femenía, Víctor Jímenez y Pau Pérez.
Las indemnizaciones aparecen reflejadas en el último informe de auditoría practicado sobre la firma pública, pero ni los auditores independientes ni la intervención general advirtieron en un primer momento irregularidad alguna.
Ha sido en el marco del proceso de reconversión de Divalterra, dentro del compromiso de Presidencia de reforzar los controles internos, cuando la diputación se ha percatado que no se tuvo en cuenta lo dispuesto en la última reforma legal que en julio de 2012 aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy para limitar las indemnizaciones a altos directivos de empresas públicas.
En virtud de esta normativa, el finiquito no puede ser superior a siete días por año de servicio de la retribución anual, con un máximo de seis mensualidades, excluyendo los incentivos y complementos variables como las dietas, cuyo cobro por parte de los excargos de Divalterra también se puso en entredicho. El sueldo base de los exgerentes Brines y Simón era de 45.000 euros, pero con complementos ascendía a 68.000 euros al año. Los directivos entre 51.000 y 58.600 euros anuales. En total, los nueve exdirectivos de Divalterra cobraron 335.972 euros en 2018.
La ley de julio de 2012 es un calco del decreto ley que el Gobierno de España había aprobado cinco meses antes. La única diferencia es que introduce un apartado en una disposición adicional en el que extiende los criterios de las indemnizaciones de los contratos de alta dirección a las empresas públicas de las autonomías y las entidades locales y no solo al sector público estatal. En el entorno de Gaspar se señala el compromiso por hacer todo lo posible para enmendar el error heredado.
Un error que puede destapar otros casos
El error en el cálculo de las indemnizaciones que percibieron seis exdirectivos de Divalterra abre una vía que podría destapar otros casos similares de finiquitos abonados a altos cargos del sector público sin tener en cuenta las limitaciones de la reforma legal de 2012. La situación podría afectar al sector público de la Generalitat y también a empresas públicas municipales, no así a las provinciales Girsa y Egevasa, que son mixtas.
Cesan a Ferri como gerente de Egevasa para buscar un nuevo rumbo
El biólogo Miguel Ángel Ferri ha dejado la gerencia de la Empresa General Valenciana del Agua (Egevasa) después de tres años al frente de la entidad de capital mixto, cuyo control mayoritario está en manos de la Diputación de València. El cese de Ferri se daba desde hace tiempo por sentado, puesto que su nombramiento fue impulsado por Jorge Rodríguez y era uno de los últimos afines al expresidente que todavía ocupaba un cargo directivo en la corporación provincial. Ambos proceden de la misma comarca. En 2015, con la llegada de Rodríguez a la diputación, Ferri fue elegido para ocupar uno de los contratos de alta dirección en Divalterra investigados en el marco de la operación Alquería, una causa en la que sigue imputado. En 2017 abandonó el puesto para marcharse a Egevasa.
La falta de confianza y sintonía son dos de los motivos aducidos desde la diputación para justificar el relevo en la gerencia. El otro es la intención de dar un nuevo rumbo a Egevasa, mediante un impulso decidido a todos los niveles que encamine a la sociedad hacia objetivos estratégicos más ambiciosos.
El cese del gerente se acordó el pasado viernes en el último consejo de administración de Egevasa, que preside el vicepresidente de la diputación, el socialista Rafa García. La propuesta partía de la rama pública de la empresa mixta, pero fue secundada por Aguas de València, que posee el 49 % del capital de la firma. Gloria Fayos, técnica de la citada mercantil, asumirá de forma temporal la dirección de Egevasa hasta que se formalice un nombramiento para el que se están analizando distintos perfiles. Todo apunta a que el elegido gravitaría en la órbita del sector de José Luis Ábalos, al que es afín García. Se da la circunstancia de que Fayos ya ocupó provisionalmente la gerencia a propuesta de Aguas de València hasta que la diputación puso a Miguel Ángel Ferri al frente en 2017.
Nuevo «controller» financiero
Por otra parte, desde la diputación señalan la voluntad de incorporar a un controller financiero a la plantilla de Egevasa con el objetivo de elevar el nivel de fiscalización y control y de garantizar al máximo el cumplimiento normativo en las actuaciones de la empresa, evitando problemas a nivel jurídico. Para la plaza se está buscando a una persona con un perfil técnico, jurídico y empresarial adecuado.
