Las indemnizaciones desmedidas abonadas por Divalterra a los altos directivos despedidos en 2018 a raíz de la operación Alquería no tienen parangón en el sector público instrumental de la Generalitat. El Gobierno autonómico limitó el pago de finiquitos al personal directivo de sus organismos y entidades públicas a través de un decreto específico aprobado en 2016 que extrapola a la C. Valenciana lo dispuesto en la ley de 2012 incumplida por la empresa de las brigadas de la diputación.
En el Consell no se tiene constancia de ningún caso similar al de la corporación provincial, que va a reclamar la devolución de cerca de 100.000 euros abonados de más a seis ex altos directivos de Divalterra.
Fuentes de la Dirección General de Sector Público apuntan al cumplimiento escrupuloso de la norma en virtud de la cual los directivos despedidos no pueden cobrar una indemnización superior a los 7 días por año de servicio de la retribución anual en metálico, excluyendo del cálculo los incentivos y complementos variables como las dietas.
El texto, además, reduce a 15 días el plazo para comunicar el despido. En cambio, los contratos de altos directivos de Divalterra se suscribieron al amparo de una norma desfasada que obligaba a comunicar el cese con mucha más antelación y que permitía pactar indemnizaciones mucho más elevadas en el contrato. Y ninguna alerta saltó en el momento del pago en la firma pública.
Investigados en el caso Alquería
Los exdirectivos investigados en la operación Alquería percibieron alrededor 125.000 euros en 2018 por los finiquitos de despido, a pesar de que en algún caso, como en el de la exgerente Agustina Brines (que cobró 23.700 euros), la marcha se anunció como una renuncia voluntaria.
Desde el cambio de signo político en 2015, Divalterra lleva abonados en total más de 2 millones en indemnizaciones por despido, contando altos directivos y empleados rasos. Las auditorías de 2015 y 2016 pusieron el foco en las cantidades porque superaban el tope legal. En 2015, Divalterra pagó 1,2 millones en finiquitos a medio centenar de trabajadores, cuantía que en 2016 se rebajó a 717.830 euros y en 2017, a 28.000 €.
Sahuquillo cobró 12.412 euros pese a renunciar al cargo
No es la primera vez que las generosas indemnizaciones por despido a altos directivos de Divalterra generan polvareda. El segundo gerente que tuvo la empresa pública después de su reconversión en 2015, Víctor Sahuqillo, cobró un finiquito de 12.412 euros pese a que apenas estuvo 10 meses al frente de la mercantil y a que teóricamente había renunciado por iniciativa propia, después de que se desvelaran los gastos que pasó como dietas, entre los que se incluían bebidas alcohólicas o el uso del coche de empresa fuera del horario laboral. José Manuel Tíller, el primer gerente, también percibió 9.000 por medio año.
