El Juzgado de Instrucción número 4 de Castelló ha acordado que declaren 23 nuevos investigados (entre personas físicas y jurídicas) en el marco de la causa donde se investiga si el expresidente de la diputación Carlos Fabra ocultó patrimonio para dificultar la ejecución de la sentencia en la que resultó condenado por cuatro delitos fiscales.
Entre los nuevos investigados figuran administradores de empresas y particulares que ordenaron o participaron en la transferencia de fondos a cuentas bancarias de Fabra, de sus familiares o de sus sociedades, fundamentalmente entre los años 2011 y 2012, según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Algunas de las mercantiles investigadas por esas transferencias bancarias, ingresos de cheques, pagos de facturas u otras operaciones económicas fueron adjudicatarias de contratos públicos en la época en la que el político presidió la corporación provincial castellonense.
El auto dictado por el juez instructor también incluye requerimientos de información a la propia Diputación, la Cámara de Comercio y el Partido Popular de Castellón, así como mandamientos dirigidos a diferentes Registros Mercantiles.
El pasado 28 de octubre, Fabra declaró en calidad de investigado ante el Juzgado de Instrucción número 4, así como uno de sus hijos, también investigado en la misma causa. Al día siguiente prestaron declaración su mujer y un exasesor de Fabra, también en calidad de investigados.
