Ahora mismo hay 691 menores extranjeros no acompañados en la Comunitat Valenciana. Niños tutelados por la Administración hasta que cumplan 18 años. Según Save the Children, el 70% de estos niños tienen 17 años. Pero el día de su mayoría de edad se encontrarán con un cuello de botella; solo 122 plazas en pisos de emancipación. Los que no consigan quedarse en uno de esos pisos, se verán abocados a la calle. Algunos sin tener tramitado, ni siquiera, permiso de residencia o de trabajo. De un día para otro pasan de ser niños protegidos por la Generalitat a inmigrantes ilegales a los cuales se puede expulsar del país.
Es la realidad de muchos menores migrantes en la Comunitat, según denunció la campaña CIEs NO al Defensor del Pueblo, quien remitió un escrito a la Fiscalía para que investigara si esta vulneración de derechos se repite en más chicos extranjeros. Las administraciones públicas tienen la obligación de tramitar un permiso de residencia a los menores tutelados antes de que cumplan la mayoría de edad, algo que no se cumplió en los 10 casos denunciados por esta oenegé. En España, el 79% de los ex tutelados no tienen permiso de residencia, según el Ministerio del Interior. No existen datos de la Comunitat.
«Cada semana llegan una media de 3 o 4 chavales que están viviendo en la calle tras salir de un centro de menores», apunta Ignacio Álvarez, trabajador en el área de emancipación de València Acoge. Antes de la pandemia llegaban 12 a la semana. Según Álvarez, la clave está en que «no hay suficientes plazas de emancipación» a pesar de que Conselleria las ha ido aumentando.
Pese a todo, los jóvenes extranjeros se siguen quedando en la calle, e indocumentados, el día de su dieciocho cumpleaños. «Lo fundamental es la diferencia de plazas entre centros de acogida y emancipación. Cuando llegan a los 18 años, no hay plazas para todos los niños que son menores, así que algunas plazas se cubren y el resto se van a la calle», denuncia Adrián Vives, de CIEs NO.
Sin derecho a tener derechos
Pero lo preocupante no es solo que se queden en la calle, sino que muchos de ellos salen de sus centros de menores sin permiso de residencia, indocumentados. Esto es lo que denuncia el Defensor del Pueblo y remite a la Fiscalía, ya que la Administración tiene la obligación de tramitar los papeles de estos chicos antes de su salida del centro de menores. No hacerlo implica la imposibilidad de acceder a ayudas de ningún tipo, poder trabajar y además corren el peligro de ser deportados.
