La de Ciegsa es la crónica de una muerte anunciada que nunca termina de llegar. La empresa ligada a los proyectos educativos de la Generalita, nacida en los tiempos de Eduardo Zaplana, investigada por corrupción y símbolo de los desmanes del sector público bajo la etapa de gestión del PP, fue condenada a muerte mediante un mandato legal promulgado en 2013 por el gobierno de Alberto Fabra. Pero al Consell no le está resultando sencillo deshacerse de la mercantil, que sigue funcionando con respiración asistida. Prueba de ello es que encadena ya tres indultos en siete años. Y el último se ha acordado esta misma semana.

En 2017, el ejecutivo autonómico aplazó la liquidación de Ciegsa y se puso el 31 de diciembre de 2020 como fecha límite. Tres años más tarde, los partidos del Botànic han impulsado una modificación legal que retrasa otros tres años más el plazo de cierre, hasta el final de 2023, con tal de que la mercantil pueda seguir gestionando las demandas de la Conselleria de Educación en materia de barracones. La decisión, pactada por el PSPV, Compromís y Unides Podem, ha llegado a las Corts a través de una enmienda a ley de medidas fiscales.

La explicación de la prórroga, que permite estirar el compromiso de extinción otra legislatura, es la misma que el Consell dio durante el pasado mandato. El texto pactado en las Corts apunta a las «obligaciones contractuales» de Ciegsa y a la posibilidad de que la empresa pública pueda seguir asumiendo los encargos de gestión de la Conselleria de Educación relativos a la instalación y conservación de aulas prefabricadas de escolarización provisional «de forma transitoria» y «por necesidades expresamente justificadas». Esta es la línea básica de actuación de la mercantil recogida en los presupuestos autonómicos de 2021, junto a la adecuación y actualización de proyectos constructivos encargados por la administración.

Menos presupuesto

Las últimas cuentas anuales de la sociedad revelan que, al cierre de 2019, Ciegsa seguía gestionando 118 centros escolares con instalaciones educativas provisionales y 2.724 barracones, un 10% menos que el año anterior. En el ejercicio de 2019, la firma se encargó de desmontar 333 módulos completos en 15 centros escolares y asumió la instalación tres nuevos barracones en un colegio. Aún así, el gobierno autonómico ha ido soltando lastre y Ciegsa es una de las pocas entidades del sector público instrumental de la Generalitat que ve reducido su presupuesto en 2021. Apenas gestionará 4,9 millones de euros, un 9,2% menos que este año, con 23 trabajadores. Y eso que no contempla una reducción de la actividad por los efectos de la covid-19.

En julio de este año, el Tribunal de Cuentas cuestionó el hecho de que Ciegsa siga con vida y recordó al Consell su compromiso de dar carpetazo a una mercantil que generó un agujero de 1.000 millones en sobrecostes de infraestructuras educativas a las arcas de la Generlaitat.

A finales del año pasado, el Consell condonó 20,7 millones en deudas con la empresa pública para avanzar en su extinción, compensando obligaciones por el mismo importe reconocidas a favor de la sociedad. Así, se anticipó el vencimiento de un pasivo que en su totalidad ascendía a 210 millones cuando se anunció la liquidación.

Otra de las enmiendas del Botànic pretende facilitar la vida a los ayuntamientos que se topan con obstáculos para financiar las obras del Plan Edificant. La modificación de la ley indica que los consistorios «preferenentemente» han de ceder a favor de sus contratistas los créditos o derechos de cobro que tienen con la Generalitat en ejecución de las delegaciones de competencias.

Régimen transitorio para evitar duplicidades con la renta valenciana

Los partidos del Botànic han pactado una reforma de la ley que regula la renta valenciana de inclusión para evitar duplicidades con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) del Gobierno. La enmienda registrada en las Corts establece un régimen transitorio en virtud del cual todos los destinatarios de la renta valenciana deberán presentar la justificación de solicitud del IMV (si reúnen los requisitos) antes del 31 de mayo. En caso de no aportar el justificante, un mes después se les suspendería de la renta de inclusión.