La Intervención General de la Generalitat y una auditora externa han vuelto a advertir de varias posibles incorrecciones en la contabilidad de À Punt, con el foco puesto sobre todo en la SAMC, sociedad dependiente de la Corporació Valencina de Mitjans de Comunicació (CVMC) donde se integra el grueso de la plantilla de la radiotelevisión pública. Como ya hizo el año pasado, la auditoría independiente desplegada por Moore llama la atención sobre las pérdidas y los escasos ingresos propios del ente al cierre de 2019, así como sobre los fondos no ejecutados devueltos a la Generalitat. La firma aprecia «indicios de un posible deterioro en el valor contable de los contenidos» producidos por À Punt, sobre los que existe un riesgo de devaluación a tener en cuenta puesto que la SAMC «no ha realizado un test de deterioro sobre los mencionados activos». «Desconocemos si pudieran resultar necesarias correcciones valorativas sobre los mismos», ahonda el informe.
El auditor pone en duda que la sociedad registre la adquisición y/o realización de programas de producción como existencias en sus registros contables, dentro del activo circulante, «cuando se indica que se utilizarán durante más de un ejercicio, por cuanto su uso es a futuro». La televisión justifica esta forma de proceder porque es una práctica habitual del sector. Sin embargo, los auditores consideran errónea la interpretación de las resoluciones del Ministerio de Economía y la Generalitat: dichas existencias deberían ser consideradas inmovilizado intangible y amortizadas en el periodo y porcentajes derivados de su utilización prevista. «No nos resulta posible cuantificar los importes del mencionado ajuste por cuanto la Sociedad no tiene establecido el criterio de imputación a gastos vía amortización ni ha realizado estudio alguno al respecto», subraya el informe.
Otro aspecto considerado relevante es el desequilibrio patrimonial neto contable que registró la SAMC en 2019, cifrado en 4,7 millones de euros (frente a los 749.000 euros del ejercicio precedente), junto a su fondo maniobra negativo de 4,75 millones, «susceptible de ser generador de una incertidumbre respecto al cumplimiento a corto plazo del principio contable».
Exención de impuestos
En la entidad piden mirar exclusivamente a las cuentas consolidadas del conglomerado público (el global entre la SAMC y la CVMC) , donde los auditores no advierten de incumplimientos ni de grandes desajustes. Sin embargo, la Intervención General cuestiona que la entidad matriz de À Punt se declare exenta del pago del Impuesto de Sociedades, cuando la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda se ha manifestado en sentido contrario respecto a las entidades públicas empresariales dotadas de personalidad jurídica propia. El informe pide tener en cuenta la posible contingencia derivada del pago de dicho tributo empresaial, si bien la CVMC defiende su postura amparándose en la opinión de un asesor fiscal y en la exención declarada por otras televisiones públicas autonómicas.
Otro «riesgo de incorrección» señalado por la auditora es el que tiene que ver con el reintegro a la Generalitat de subvenciones no aplicadas a su finalidad por parte de la SAMC. «El cálculo se realiza por medios manuales y en su aplicación existen elementos de juicio e interpretación que afectan a importes significativos en ocasiones», puntualiza el informe.
À Punt empeoró sus resultados en 2019 y registró unas pérdidas consolidadas de 11,69 millones de euros una vez computada la inyección de 56 millones de euros de la Generalitat, después de incrementar los gastos por encima de los ingresos y pese a mejorar su cifra de negocio. Un balance que, por segundo año consecutivo, podría motivar el cese del actual consejo rector en virtud de lo establecido en la normativa que regula la radiotelevisión pública. Sin embargo, el ente devolvió a la administración autonómica parte de los fondos recibidos, 3,7 millones de euros, tal como le obliga la ley con el presupuesto que no ha ejecutado. Los auditores han revisado los gastos que deben ser considerados subvencionables a efectos de cubrir el déficit de explotación.
«Riesgo de incorrección material» por la facturación cruzada del ente
Los auditores consideran que existe un «riesgo de incorrección material» derivado de los cálculos manuales en virtud de los cuales la matriz de À Punt, la CVMC, repercute vía facturación la parte que estima correspondiente a su sociedad dependiente, la SAMC, en función de criterios preestablecidos que en ocasiones «son subjetivos o de difícil mención». Ambas sociedades comparten instalaciones, inversiones y algunos servicios y, aunque la intención es fusionarlas, la bicefalia genera no pocos quebraderos de cabeza y disfunciones a nivel de contabilidad. Con posterioridad, el auditor comprobó que se hacían los ajustes pertinentes. Otro aspecto sobre el que se pone el foco es en la cesión de uso de parte del inmueble del Centro de Producción de Programas de Burjassot a favor de la CVMC. «El valor a asignar a efectos contables (21 millones), así como la vida útil asignable y la fecha de reconocimiento de la adscripción para su amortización pueden ser generadores de incorrecciones materiales», incide.
