La Diputación de València ha elevado los controles y las restricciones sobre la contratación de altos directivos en sus entidades dependientes a través de una reforma aprobada en el pleno de ayer con los votos del PSPV y Compromís. Aunque se extienden a Egevasa y el Consorcio de Bomberos, los cambios están especialmente pensados para Divalterra, en el punto de mira judicial tras los casos Imelsa y Alquería. El número máximo de altos cargos que podrán ocupar la cúpula de las tres sociedades se reduce de diez a tres, con retribución máxima de 72.000 euros.

Su nombramiento deberá someterse al informe previo de legalidad del órgano fiscalizador y se aclara el galimatías que arrojaba confusión sobre los complementos en el sueldo. La propuesta también clarifica el pago de las indemnizaciones por despido, que se vigilarán más de cerca para evitar que excedan la normativa como ocurrió hace dos años. Después de la operación que precipitó la caída del anterior presidente de la diputación en 2018, la corporación ya redujo a dos los altos cargos de Divalterra. En aquel momento se anunció el compromiso de reconvertir la mercantil pública para atarla más en corto y restarle autonomía. El proceso se activó en enero de este año, pero se ha ido aplazando desde entonces por las discrepancias sobre la nueva figura jurídica entre diferentes órganos de la diputación, que han obligado a recabar distintos informes. El presidente, Toni Gaspar, dijo ayer que espera adoptar una decisión y solventar pronto la cuestión.

Se mantiene la clasificación

Los últimos ajustes modifican el acuerdo de septiembre de 2016 que, bajo el gobierno de Jorge Rodríguez, clasificó por primera vez las empresas del sector público provincial, dando pie a la estructura de diez directivos en Divalterra que más tarde sería cuestionada por la Intervención del Estado y que se investiga en el caso Alquería. Sin embargo, tanto la clasificación como las retribuciones de los altos directivos de la firma se mantienen. El secretario de la diputación defendió ayer que dicho organigrama se ajustaba completamente a los parámetros legales marcados por el Estado, tanto en el número de cargos como en los sueldos. También refrendó el correcto encuadre de la mercantil de las brigadas en el grupo 1 (que permite una cúpula más abultada), frente a las sombras arrojadas por los investigadores. En la misma línea se pronunció Gaspar al desgranar los cambios. «No se corrigen deficiencias, sino interpretaciones», remarcó.

Aunque aún está pendiente de definir qué órgano fiscalizador se hará cargo de la supervisión de los contratos de altos directivos, el presidente defendió que este mecanismo de control previo se aplicará pese a que la corporación no está obligada por ley, siguiendo las pautas de las empresas públicas estatales. Los altos directivos de la diputación serán nombrados con criterios de competencia profesional y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad, por convocatoria pública (bajo principios de igualdad, mérito y capacidad) solo cuando no sean responsables directos de la gestión de las entidades o ejerzan tareas de control y evaluación. PP y Cs se abstuvieron en la votación tras cuestionar que el acuerdo se aprobara por la vía de urgencia.