La Diputación de València ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes sobre los que pende la amenaza de ser sancionados por la Inspección de Trabajo como consecuencia de los convenios que durante años dieron pie a la contratación de técnicos especializados como falsos autónomos.
La corporación provincial ha acordado con el organismo estatal que asumirá el papel de interlocutora única en la resolución del conflicto, centralizando la gestión del último alud de reclamaciones que obliga a los pequeños consistorios a abonar decenas de miles de euros en cotizaciones no satisfechas a la Seguridad Social. Así se pretenden evitar las multas de hasta 10.000 euros por trabajador con las que han sido advertidas las entidades locales si no cumplen con los trámites y plazos de la regularización.
Paralelamente, el presidente de la diputación, Toni Gaspar, anunció en el último pleno que los servicios provinciales están articulando la fórmula para reclamar a Hacienda la devolución de las cuotas del IVA al 21% que sí abonaron los municipios para poder contar con arquitectos o ingenieros a tiempo parcial.
Tras ratificar el Tribunal Supremo que los técnicos estaban mal encuadrados y ejercían en realidad como empleados por cuenta ajena y no por cuenta propia, se entiende que los ayuntamientos no deberían haber pagado el IVA correspondiente, cuyo reintegro permitiría compensar en buena medida las cuantías exigidas por la Seguridad Social, que en algunos casos llegan a alcanzar los 25.000 euros. Una cifra significativa teniendo en cuenta el tamaño de las corporaciones afectadas.
De momento no ha trascendido a cuánto podría elevarse la reclamación a Hacienda, vía que habían pedido explorar tanto el PP como La Vall ens Uneix. Gaspar avanzó que se revisará «expediente a expediente» y «pueblo a pueblo» para valorar «cómo se tiene que hacer», puesto que existen «casuísticas muy diferentes» en función del número de convenios firmados por cada pueblo. «No vamos a dejar a nadie tirado», garantizó el presidente inquirido por la oposición.
Ayuda de las mancomunidades
Las últimas cartas remitidas por la Inspección de Trabajo atañen al ejercicio de 2016, aunque existen procesos anteriores de regularización con 2014 como punto de partida. Numerosos consistorios de menos de 5.000 habitantes llevaron las reclamaciones de pago a la justicia con el apoyo de la diputación, pero el Supremo ha refrendado el criterio de la Seguridad Social, que obliga a dar de alta a los «falsos autónomos» con efectos retroactivos y a ingresar las cotizaciones equivalentes a un periodo máximo de cuatro años. Tras las últimas sentencias contrarias, Gaspar remarcó que «no hay vuelta de hoja y al final va a tocar pagar», a la espera de intentar recuperar el IVA.
En 2021, la diputación prestará directamente el servicio de técnicos especializados en los pueblos de menos de1.000 habitantes. Sin embargo, la corporación provincial está pidiendo la colaboración de las mancomunidades para asumir el mantenimiento de dicho personal en consistorios más grandes. «El tema está resuelto un poco a medias, porque en dos horas los arquitectos no pueden resolver las necesidades de los municipios, pero hay que cumplir la legaldiad», matizó Gaspar, que se comprometió a elaborar un protocolo con pautas claras de actuación y a asistir a los pueblos que puedan tener problemas con inspecciones similares por el plan «La Dipu te Beca», cancelado hace dos años.
