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La patronal aboga por que el Estado cubra el permiso por coronavirus

Trabajo valora la posibilidad de incrementar acciones que mejoren la conciliación laboral y familiar por el impacto de la pandemia en colegios

Interior de un aula en un centro escolar de València. |  EFE/MANUEL BRUQUE

Interior de un aula en un centro escolar de València. | EFE/MANUEL BRUQUE

La atención y cuidado de los hijos en edad escolar que deban guardar cuarentena al confirmarse algún positivo por covid-19 en las aulas o por contactos estrechos con otros estudiantes continúa generando lagunas legales entre trabajadores y empresas durante este segundo brote de coronavirus en la Comunitat Valenciana. Algunas asociaciones de madres y padres de alumnos (Ampa) consideran que debería regularse un permiso laboral especial, retribuido, para cuidar a escolares en cuarentena.

Pero la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) reclama que esa retribución corra a cargo del Estado. «Si a un menor se le envía a casa por prescripción sanitaria para cumplir una cuarentena, al existir un positivo en su grupo, necesitará la atención y cuidado de un adulto. Ese coste no debería ser cargado a la empresa, debería ser cubierto por el Estado», aseguró ayer en declaraciones a Levante-EMV el presidente de la CEV, Salvador Navarro.

Desde la Dirección General de Trabajo de la Generalitat se recuerdan que lo que sí regula el Real Decreto-ley 8/2020 son las medidas para favorecer la conciliación laboral y familiar. De este modo, se establece que los trabajadores que acrediten deberes de cuidado respecto de familiares tendrán derecho a acceder a la adaptación de su jornada, lo que también incluye la prestación del trabajo a distancia. Y también destaca que las medidas del llamado Plan MeCuida están dirigidas a aquellas personas trabajadoras que acrediten deberes de cuidado del cónyuge o pareja y de familiares de hasta segundo grado de consanguinidad para evitar la transmisión de la covid-19.

Desde la Dirección General de Trabajo se asegura que la administración autonómica sigue valorando la posibilidad de implementar acciones que impulsen esa conciliación de la vida laboral y familiar.

Mientras tanto, algunas centrales sindicales sostienen que tanto la jornada a la carta como el Plan MeCuida están sujetos a negociación con la empresa. Según USO, «la compañía y los trabajadores deben buscar una solución razonable y proporcionada que equilibre la situación familiar del empleado y las necesidades organizativas y productivas de la compañía. El objetivo -añade esta central- es alcanzar un acuerdo que no perjudique ni a empresa ni a trabajador». Otra de las herramientas que los trabajadores tienen a su disposición para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral es la reducción de jornada, que implica una bajada proporcional del salario.

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