La crisis interna generada en la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas hace un mes y que propició el relevo de varios altos cargos, entre ellos, el subsecretario Gabriel Olmos, ha culminado esta semana con la salida forzosa de la hasta ahora responsable de la Inspección General de Servicios. Según ha podido saber este diario, la dirección general de Función Pública ha resuelto declarar a esta funcionaria en situación de excedencia voluntaria por interés particular, una figura administrativa que en la práctica supone apartarla durante dos años del ejercicio de la función pública sin derecho a retribución y ni siquiera a paro.
El origen de esta resolución fue que la afectada, hasta ahora subdirectora de la Inspección General de Servicios, no participó en la convocatoria de su plaza a la que estaba adscrita de forma provisional y que debía cubrirse por el procedimiento de libre designación. La inspectora se encontraba de vacaciones en el momento que la convocatoria salió publicada en el Diario Oficial de la Generalitat, por lo que, por descuido, no se presentó.
El olvido ha acabado teniendo consecuencias laborales muy graves para esta empleada pública, pero también originó un terremoto en la conselleria con el cese en cadena del subsecretario, el secretario general administrativo y la directora general de Modernización, Yolanda Parrado, de quien dependía el órgano de control interno.
Fuentes del departamento de Bravo señalan como detonante de la crisis el intento de la ya destituida Yolanda Parrado de dar una salida a la funcionaria de carrera que evitara el drama de una excedencia voluntaria de estas características. Según estas fuentes, la alto cargo propuso una solución a la que la consellera se opuso por considerarla irregular.
La excedencia voluntaria por interés particular aparece recogida en el artículo 105 de la ley de Función Pública, que prevé en su punto cinco que el personal adscrito a un puesto de trabajo «tendrá obligación de participar en la convocatoria solicitando, al menos, el puesto que ocupa provisionalmente». «Si no concurriera, quedará en excedencia voluntaria por interés particular», añade.
Pese a la literalidad de este apartado, el asunto generó dudas jurídicas en el aparato administrativo de la conselleria y en el propio subsecretario Olmos. Para despejarlas, este último solicitó un informe a la Abogacía de la Generalitat. Esta decisión provocó un desencuentro con Bravo que acabó con la salida del subsecretario, el quinto relevo en este puesto clave.
El conflicto, además, escapó del ámbito interno de la conselleria, ya que la funcionaria posee una larga y reconocida trayectoria en la Generalitat y está bien considerada en círculos socialistas.
La funcionaria fue situada al frente de la Inspección General de Servicios en 2019 por el anterior departamento de Transparencia, dirigido por Manuel Alcaraz, y siguió en su plaza cuando las competencias de la Inspección pasaron a Justicia.
Las fuentes consultadas mantienen que detrás de este asunto no hay un choque de Bravo con la funcionaria ni con el cuerpo de inspección. El único desacuerdo tuvo lugar durante el primer estado de alarma cuando el órgano de control rechazó una propuesta de la consellera para enviar funcionarios del cuerpo al área de infraestructuras de Justicia. El asunto no fue a mayores, ya que incluso el personal de inspección estuvo asesorando al área de Justicia. Con todo, la firmeza de Bravo para la estricta aplicación de la ley de Función Pública y las dudas jurídicas e intentos de buscar una solución por otros altos cargos y funcionarios avivó el conflicto.
Además, el informe de la Abogacía vino a complicar las cosas. El documento da argumentos a quienes proponían vías alternativas para salvar a la jefa de la Inspección de la expulsión al entender que el artículo aplicado era desproporcionado y dejaba fuera de la Generalitat a una funcionaria experimentada en un momento en que las manos escasean.
Los criterios de la Abogacía
La Abogacía considera que el paso a excedencia voluntaria por interés particular podría interpretarse como una «sanción al funcionario que activamente no colabora en la provisión definitiva», pero estima que «no parece que este sea el espíritu y finalidad de la norma» . E insta a ser interpretada en base al artículo 3 del Código Civil, es decir, en relación al contexto y a la realidad social.
Las pegas a declarar en excedencia a la funcionaria van mas allá porque la Abogacía entiende que la Administración debe ponderar el interés público en juego. El informe concluye que toda declaración de excedencia voluntaria «requerirá una previa comprobación del órgano competente para asegurar que no existen razones de servicio que impiden la suspensión del vinculo funcionarial». Y si hay necesidades de personal «debe privarse el interés general denegando la excedencia y destinándolo donde corresponda».
Así, la Abogacía dejó en manos del órgano encargado (la dirección de Función Pública, adscrita a Compromís) valorar las necesidades de empleo en la categoría profesional de la funcionaria y la existencia de plazas vacantes que necesitan ser cubiertas y en base a ello tomar una decisión.
La inspectora recurrirá y estudia posibles acciones penales
La decisión final sobre la declaración de excedencia voluntaria por interés particular a la funcionaria de carrera ha recaído finalmente en el director general de Función Pública, David Alfonso, adscrito a Compromís, para quien, al igual que Bravo, la ley valenciana no dejaba margen de duda.
Con todo y por indicación de la Abogacía, el proceso se dio mediante audiencia a la interesada. El informe jurídico advertía de que no «sería concebible desde el punto de vista constitucional imponerle una sanción grave sin un proceso con garantías».
La inspectora presentó en su momento un escrito en el que alegaba que la convocatoria de la plaza que ocupaba no le había sido notificada y que esto le generaba una indefensión absoluta y un agravio comparativo con respecto a sus compañeros a quienes, según su relato, se les avisa en otros supuestos.
Según ha sabido este diario, la intención de la funcionaria es recurrir la resolución (que en este caso debería resolver la consellera) y después ir al contencioso-administrativo. También valoraría acudir a la vía penal. Es díficil encontrar antecedentes de un caso similar resueltos de esta forma, si bien desde la conselleria recuerdan que el artículo aplicado nunca ha sido cuestionado e incluso se reproduce en la nueva ley de Función Pública.
Mientras tanto, la plaza de la subdirección está vacante ya que la conselleria desestimó a todos los aspirantes que se presentaron a esa convocatoria.
