La recaudación autonómica ligada al impuesto sobre transmisiones patrimoniales (el que se paga cuando se compra una vivienda de segunda mano) y al de actos jurídicos documentados (vinculado a la formalización de hipotecas) ha caído en picado el año de la pandemia. Así lo certifica el último informe sobre ejecución presupuestaria de las comunidades difundido por el Ministerio de Hacienda. Este revela que a 31 de septiembre de este año, el Consell había ingresado por estos dos impuestos un 25 % menos que en el mismo periodo en 2019.
En concreto, el Gobierno del Botànic contempló en los presupuestos de la Generalitat en vigor, los de 2020, una recaudación por ambos impuestos de 1.400 millones de euros. Sin embargo, transcurridos nueve meses de ejercicio y con una epidemia de por medio, las previsiones han saltado por los aires. Así, en esas fechas, las arcas autonómicas no habían recaudado ni la mitad: apenas 650 millones entre los ingresos de este año y el de ejercicios pasados. Es decir, un 25 % menos respecto a la recaudado en septiembre de 2019.
La recaudación también es menor (un 7 % menos) en el impuesto de sucesiones y donaciones y también cae en picado (28 %) en lo que respecta a tasas y precios públicos. Sin embargo, la ejecución de ingresos mejora respecto al IRPF.
El informe del Ministerio de Hacienda evidencia que el desplome de la economía y, en concreto, el sector relacionado con el mercado inmobiliario es generalizado. En el conjunto de España la recaudación por el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados es un 23 % inferior a la del mismo periodo en 2019. El impacto de la crisis es por tanto dos décimas inferior que el detectado en la Comunitat Valenciana.
En un intento de realismo que está por ver si no se queda corto, el proyecto de presupuestos de 2021 recoge una previsión de recaudación de un 27 % menos por estos impuestos vinculados al ladrillo: 1.057 millones de euros frente a los 1.400 millones programados para este ejercicio.
Con respecto a la ejecución en el capítulo de gastos, la información ministerial ofrece unos porcentajes mejores que en el mismo periodo en 2019. Así existe un 12 % mas de obligaciones reconocidas y los pagos son un 18 % más. Aunque la ejecución de las inversiones es mejor que en el periodo comparado, el informe evidencia que a tres meses de finalizar el año una parte importante de las inversiones previstas no llegarán a ser realidad. Así, de los 782 millones de euros previstos para inversiones directas a lo largo de 2020, el gasto comprometido es de 493 millones de euros, pero las obligaciones reconocidas se quedan en 265 millones de euros. Los pagos en este capítulo ascienden a 252.
El ministerio que dirige María Jesús Montero también hizo público ayer el periodo medio de pago a proveedores. La Comunitat Valenciana se sitúa en 29 días, por debajo de la media autonómica, establecida en septiembre en 34 días. El dato es positivo si se tiene en cuenta que 2020 comenzó con un periodo medio de pago de 38 días. La morosidad en la Administración valenciana se ha ido reduciendo, aunque el mejor registro en lo que va de año se dio en agosto con 26 días de espera.
