La Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha denunciado la orden de desahucio de 38 familias vulnerables en la Pobla de Vallbona. Esta mañana se han citado en el Juzgado de Llíria para presentar un escrito de paralización para evitar que estas personas, en riesgo de exclusión, sean expulsadas de sus viviendas alquiladas desde 2015. Si el proceso judicial no se detiene, la orden de desahucio está programada para el próximo 9 de diciembre. Hoy, la PAH busca dilatar la ejecución de la orden al menos durante dos meses a fin de poder negociar con el banco y encontrar una solución para estas familias.
Según explican desde la plataforma, los dos inmuebles, uno en la calle de San Sebastián y otro en la calle Argila, fueron construidos por una empresa local cuyo propietario arrendó las viviendas a estas familias en 2015. Sin embargo, la sociedad entró en concurso de acreedores y los dos edificios fueron subastados «pese a que los contratos de arrendamiento seguían vigentes», señala Delfina Sánchez, una de las portavoces de la PAH. Una entidad bancaria pujó por ellos y ahora hay una orden de alzamiento para el centenar de personas que allí residen, quienes se declaran «estafados» por el propietario, al que algunos vecinos continuaron pagando las mensualidades cuando el edificio ya había sido embargado.
«Hemos hecho el escrito para que el juzgado retrase la ejecución de este desahucio hasta que haya una alternativa habitacional para ellos», explica Sánchez, quien añade que se ha pedido a Servicios Sociales un informe que acredite el riesgo de estas familias. Al mismo tiempo, la Dirección General de Emergencia Habitacional «está haciendo gestiones» para encontrar una salida.
«El contrato se hizo de boca a boca, no nos pidieron ni nómina ni nada, estuvimos un año y medio pagando al propietario y luego vino la Policía Local a decirnos que ya no era de él, hasta que nos llegó una carta del juzgado diciendo que teníamos que irnos de aquí», explica Neli Dasay, una de las inquilinas del edificio de la calle San Sebastián. En este mismo sentido, Vanesa Santiago, que lleva cinco años residiendo en este mismo inmueble, asegura que estuvieron pagando durante dos años al propietario del edificio pese a que ya le había sido embargado. «La Policía nos dijo que era una estafa», reconoce. Mientras, Marisa Díaz, otra vecina afectada por la orden de desahucio, explica que hasta fueron a la sede del banco que había comprado el edificio para pagarles a ellos el alquiler, «pero se negaron y no nos dieron la opción», señala.
La directora general de Emergencia Habitacional, Purificación Peris, aseguró a este diario que tanto ella como el secretario autonómico de Vivienda, César Jiménez, están en contacto con la entidad bancaria. Son optimistas siempre que los edificios sigan perteneciendo al banco, donde cabe la opción de no ejecutar el desahucio. Sin embargo, si estos inmuebles han sido vendidos a un fondo buitre, la situación será más compleja de resolver.
El alcalde de la Pobla de Vallbona, Josep Vicent Garcia, se reunió ayer por la tarde con los vecinos y aunque el consistorio tiene limitadas las competencias en esta materia, les aseguró que se está trabajando en dar solución habitacional a las familias. afectadas.
Dalmau garantiza las ayudas al alquiler para los afectados por la pandemia
La Conselleria de Vivienda ha garantizado que la Generalitat pagará la totalidad de las ayudas al alquiler a las personas arrendatarias que se hayan vito afectadas por los efectos económicos y sociales de la covid-19. Así lo anunció ayer el vicepresidente segundo y conseller, Rubén Martínez Dalmau, quien recordó que se van a destinar 4,3 millones de euros para paliar el impacto económico que ha tenido la pandemia sobre estas personas. «Hemos sido la primera comunidad en articular este mecanismo de protección social y hemos sido de las primeras en resolverlo», defendió Dalmau.
Las ayudas, que tienen por objeto subvencionar la renta de alquiler para seis meses, van destinadas a 2.422 familias con problemas para atender al pago parcial o total del alquiler.
Por provincias, en Alicante han sido 1.000 las unidades familiares las beneficiarias, cerca de 400 en Castellón y 1.100 en la de València.
La cuantía de la ayuda alcanza hasta el 100% de la renta que conste en el contrato de arrendamiento, hasta un importe máximo de 650 euros al mes y por un periodo máximo de seis meses, pudiendo incluirse como primera mensualidad la correspondiente al mes de abril.
