Las cifras de denuncias dicen que la pandemia provocada por la covid-19 ha supuesto un frenazo a la violencia machista. O, mejor dicho, a su visibilización. Es cierto, pero solo parcialmente. Aunque está claro que el número de denuncias se redujo hasta un tercio durante los meses en que el virus nos obligó a vivir encerrados en casa, entre marzo y junio, también lo es que hoy hay casi 5.200 víctimas más registradas en la base de datos VioGén que centraliza todos los casos que hace un año.

Así, según datos del Ministerio del Interior, en estos momentos la C. Valenciana tiene 80.544 víctimas de violencia machista —hablamos de las que han dado el paso; las otras continúan formando parte de la cifra oculta—, lo que se traduce en 90.467 casos registrados en VioGén (caso se refiere a cada hecho que genera un agresor determinado contra una víctima). El año pasado por estas fechas, eran 75.351 víctimas y 83.940 casos. Otro dato: hoy son 9.900 los casos activos —que precisan de algún tipo de vigilancia y supervisión policial—; hace un año, había 600 menos.

Según las estadísticas con que cuenta el Ministerio del Interior, de esas 9.900 protecciones, hay cinco mujeres que están en riesgo extremo de morir, y en 79 casos más, la probabilidad de que sufran un ataque mortal está calificada de «alta». Pero las mujeres no son las únicas víctimas de las violencias que ejercen sobre ellas sus parejas o exparejas. En este momento, hay 81 casos —la estadística no refleja a cuántos niños afectan— en los que los hijos menores de edad de la denunciante están en riesgo real de que la violencia física sufrida por la madre recaiga también sobre ellos.

Otra cifra que invita a no bajar la guardia ni un milímetro: en este momento, el sistema VioGén tiene registrados 830 casos en los que los menores hijos de esas mujeres maltratadas están en situación de vulnerabilidad de todo tipo como consecuencia de esa situación de violencia. Y esa cifra no se ha corregido en año y medio, lo que aflora la dificultad para revertir la desprotección sociosanitaria, educativa y laboral de las víctimas de los grupos sociales más excluidos.

Menos protecciones

Aunque estamos a punto de acabar el año, el Observatorio contra la Violencia de Género del Poder Judicial aún no ha hecho públicos los datos del tercer trimestre del año, así que aún es imposible evaluar por completo cómo ha evolucionado la violencia machista en este año de la pandemia. Pero hay algunos datos muy indicativos: en el segundo trimestre, que corresponde exactamente con el periodo de confinamiento, las denuncias en la C. Valenciana descendieron un 15,2 %. Y las víctimas denunciantes, un 17,3 % (un 18 % las extranjeras). Las órdenes de protección adoptadas cayeron un 30.7 % y, mal signo este, las denegadas bajaron menos, esto es, la tasa de protecciones rechazadas por los jueces fue mayor que hace un año.

La oficina valenciana ha atendido a 851 mujeres en año y medio

El 15 de abril del año pasado nacía una oficina única en España: la de atención integral a víctimas de la violencia machista auspiciada por la Conselleria de Justicia e Interior y dotada no solo con policías -en este caso, nacionales pero de la unidad adscrita a la Generalitat-, sino también con trabajadores sociales, psicólogas... 

En este año y medio, la oficina, dirigida por una subinspectora, ha atendido a 851 mujeres, de las cuales casi un 60 %, esto es, 507, formalizaron denuncia. La oficina ha gestionado, además, 341 de las 1.861 órdenes de protección que los juzgados han adoptado en toda la C. Valenciana desde el 1 de enero de este año.

La mayor parte de las denuncias tramitadas (305) lo fueron por violencia psicológica, aunque el segundo grupo por importancia (150) lo constituyeron casos en los que la víctima sufrió agresiones psicológicas y físicas.

La buena experiencia ha llevado a la consellera Bravo a prometer nuevas oficinas como la valenciana en Alicante, Castelló y Elx, para lo cual se ampliará la plantilla con siete policías más y una inspectora jefa que coordinará todas esas comisarías.