Catorce grandes proyectos tractores diseñados para captar más de 12.000 millones de euros de los fondos de reconstrucción europeos constituyen el núcleo de la Estrategia Valenciana para la Recuperación, la hoja de ruta donde la Generalitat tiene volcadas sus esperanzas de transformar de manera radical el panorama socioeconómico a partir de 2021, una vez vencida la pandemia. Las principales líneas de actuación, surgidas de los amplios acuerdos valencianos de reconstrucción, fueron esbozadas ayer por el president Ximo Puig en un evento en la Ciutat de les Arts -similar al que Pedro Sánchez protagonizó en el mismo escenario hace unas semanas- con la presencia de una nutrida representación de cargos públicos, empresariales y sindicales.

Antes de que la vicepresidenta Mónica Oltra arrojara dudas sobre la embrionaria presentación de la Estrategia, el jefe del Consell dejó claro que el plan es «un comienzo concebido para ser ampliado», el punto de partida de «una iniciativa viva y dinámica que irá nutriéndose de nuevos proyectos». Aunque aún son muchas las incertezas que planean sobre los fondos de reconstrucción comunitarios, Puig quiso lanzar el mensaje de que la C. Valenciana ha hecho los deberes y está preparada para captar el máximo posible de recursos sin perder de vista que, una vez vayan despejándose los últimos flecos, las ayudas podrían comenzar a convocarse a partir de la primavera del año que viene. «No hay tiempo que perder», avisó el president.

Los proyectos destinados a impulsar la transición ecológica aglutinan el 39,3 % de las inyecciones de la UE a las que aspira la Generalitat, hasta sumar un montante de 4.900 millones. Las actuaciones dirigidas a la digitalización de empresas y administraciones públicas absorben el 21,9% de los recursos contemplados en el borrador de la Estrategia Valenciana, 3.600 millones. A las políticas de cohesión social se orientan el 24% de los fondos, 2.800 millones, mientras que las estrategias vinculadas a la innovación científica y el conocimiento representan el 7,6%, 900 millones. Aunque los proyectos de partida avanzados ayer suman un cómputo de 12.200 millones, Puig confía en poder llegar a gestionar al menos el 10% de los 140.000 millones de fondos europeos que espera recibir España en los próximos tres años, esto es, 14.000 millones.

Un «reto mayúsculo», puesto que dicha cuantía multiplicaría por cinco el total de los fondos estructurales europeos de los que se ha beneficiado la C. Valenciana en los últimos 14 años. «Debemos ser capaces de ejecutar cinco veces más dinero en una quinta parte del tiempo», advirtió el president, ante la necesidad «crucial» de propiciar «una gestión eficaz, ágil y coordinada» que supere las tradicionales barreras burocráticas y los fatídicos cuellos de botella de la administración. «En tres años tenemos que trabajar mucho más que en las pasadas décadas», insistió Puig. En ello también hicieron hincapié ayer tanto el director de la oficina de la Generalitat para las ayudas europeas, Juan Ángel Poyatos, como el director del IVIE, Francisco Pérez. «Del desafío depende el futuro de nuestro pueblo en la próxima década», avisó este último.

Los proyectos tractores se han seleccionado por su capacidad para pescar fondos en los procesos competitivos europeos y por su potencial para impulsar la economía valenciana a corto, medio y largo plazo. Algunos, como el compromiso de impulsar un clúster de la salud, la apuesta por el hidrógeno verde o los planes para la reforma y construcción de centros sanitarios y sociales y para la rehabilitación de viviendas ya figuraban en la hoja de ruta de las distintas conselleries para 2021. La digitalización de los servicios públicos y del sector productivo, el refuerzo de la resiliencia del tejido empresarial, las electrogasolineras, las mejoras en el campo de la competitividad y el avance hacia una gestión más eficiente de los recursos hídricos son otras de las grandes líneas exploradas, junto a la modernización del sector turístico y la inyección de 365 millones para potenciar el acceso de los jóvenes a la vivienda

Puig puso en valor el papel «providencial» de las empresas en la actual crisis, a tiempo que llamó a la colaboración público-privada para ejecutar el histórico plan europeo, con el objetivo en el horizonte de forjar un nuevo contrato social que promulgue el desarrollo sostenible «basado en la innovación y la cohesión».