La cifra de fallecidos en residencias de la Comunitat Valenciana no deja de ascender, 723 desde que comenzó la pandemia, diez de ellos en las últimas 24 horas. Además preocupa que en los brotes masivos donde inicialmente se contabilizaron un alto número de asintomáticos, casi el 85% de los contagiados, una vez pasadas las semanas varios de sus residentes que no presentaban en un primer momento especial gravedad han acabado falleciendo. Así ha ocurrido en el brote detectado el pasado 4 de noviembre en un geriátrico de la Pobla de Vallbona, que ya se ha cobrado la vida de nueve ancianos.

La coordinadora de la sección civil de la Fiscalía de Valencia, Ana Lanuza, remarca que aunque en los primeros meses de la pandemia se producían muchos más fallecidos en los centros de mayores, según reflejan los datos, están seriamente preocupados por el número de contagios y reconoce que «las cosas se podían haber hecho mejor». Eso sí, aclara que no es una cuestión de que hayan apreciado negligencias o que las medidas adoptadas por las residencias no sean las adecuadas, sino que atribuye la rápida propagación de los contagios —algunos de ellos mortales como el de la Pobla de Vallbona o el Puig con una quincena de fallecidos— a una detección tardía de los casos asintomáticos.

La Fiscalía apoya los tests

Por ello desde la sección civil de la Fiscalía, que vela por un control de las necesidades de los residentes y del cumplimiento de todas las medidas de prevención necesarias para proteger a los mayores del virus, argumentan que «sería una buena opción realizar pruebas periódicas a los trabajadores» de este tipo de centros. «Hemos comprobado que cuando se hacen estas pruebas una vez ya ha habido contagios, ya es demasiado tarde», apunta Lanuza.

La Fiscalía mantiene abiertas siete diligencias preprocesales de investigación civil en residencias de la Comunitat, cuatro de ellas en la provincia de Valencia. Las primeras de esta segunda ola de la pandemia fueron en un centro de mayores de la ciudad de València, con al menos doce residentes fallecidos, y la del brote masivo en la residencia del Puig detectado a principios de octubre, con quince muertes y otras que están a la espera de confirmarse si finalmente se atribuyen al virus.

Las últimas dos residencias de la provincia sobre las que la Fiscalía tiene abiertas diligencias son las de Llíria, con 112 contagiados, la mayoría de ellos asintomáticos, y la de la Pobla de Vallbona, con 76 casos positivos por coronavirus (64 residentes y 12 trabajadores). En el caso de Llíria, fuentes de la gestora aseguran que no han tenido ningún fallecido por covid. Mientras que el brote de la Pobla sí que se ha cobrado ya, por desgracia, la vida de nueve de sus residentes.

Casi una veintena de centros bajo la lupa

La segunda ola de la pandemia, que hasta el momento estaba siendo algo más benévola con las residencias y centros sociosanitarios de la Comunitat que lo fue durante los primeros meses de la pandemia, está atacando cada vez más a este tipo de centros cerrados en los que conviven personas que por su edad y patologías son especialmente vulnerables ante cualquier posible contagio por covid-19. Así, ya hay casi una veintena de residencias que se encuentran bajo vigilancia activa de control sanitario, concretamente 19, y diez de ellas son de la provincia de Valencia. 

Tras los datos facilitados ayer por la conselleria de Sanidad, hay al menos un caso positivo en 87 residencias de mayores (59 de ellas en la provincia de Valencia), así como en quince centros de diversidad funcional (diez en Valencia) y en cuatro centros de menores en la provincia de Valencia.

Asimismo, se notificaron en las últimas 24 horas el contagio de 55 residentes y otros 30 trabajadores dieron positivo.

«Puede que los internos no mueran de covid, pero sí de pena»

El presidente de la asociación empresarial de residencias Aerte, José María Toro, consideró ayer «un avance» que la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, defienda la realización de cribados periódicos para los trabajadores de estos centros como demandaba el sector desde junio. Toro señalo que ahora «la pelota está en el tejado» de la Conselleria de Sanidad para que determine «qué pruebas y cómo hacerlas».

Toro recalcó que llevan cuatro meses pidiendo PCR periódicos y destacó al respecto que es «una buena noticia» que Oltra «escuche y apoye» las demandas del sector. Por eso lamentó que en la reunión conjunta que mantuvieron la pasada los representantes de Aerte con Sanidad, la conselleria mantuviera su oposición a la aplicación de esta medida «aduciendo que la OMS desaconseja cribados masivos». Al respecto, Toro mantuvo que está práctica puede estar desaconsejada para la población general «pero no para sectores concretos vulnerables, como de hecho se aprobó en el Consejo interterritorial». 

El empresario negó que esta práctica genera «una falsa sensación de seguridad», como alega Sanidad, porque «se quiere efectuar cada 15 días para controlar la situación, especialmente si hay asintomáticos y que no se produzcan brotes». 

Asimismo, criticó que la respuesta de Sanidad cuando se detecta un caso en una residencia «no siempre es inmediata ni urgente» ya que lo «ideal» para evitar los brotes es que salud pública «acudiera en cuanto se detecta un contagio, las pruebas se realicen a todos los residentes y trabajadores y no solo a los contactos estrechos y los resultados se dispongan en 24 horas». 

En ese sentido, coincidió con Oltra en que no solo no hay margen para endurecer los protocolos en las residencias sino que en su opinión habría que «relajar» las restricciones a las visitas de familiares porque «puede que los internos no mueran de covid pero acabarán muriendo de pena». 

Además, ha destacado que, según les han confirmado desde sanidad, no ha habido contagios por estas visitas. Para minimizar el riesgo Aerte propone trasladar a los casos positivos a centros intermedios atendidos por personal sanitario para que el resto de usuarios «continúe con su vida y los espacios comunes abiertos».