La pandemia impidió ayer los actos clásicos del movimiento feminista con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, pero, a cambio, propició un cara a cara poco frecuente entre las asociaciones de mujeres y las principales autoridades valencianas, aquellas que tienen mando en plaza y por tanto, capacidad para poner en marcha políticas efectivas de lucha contra la cara más cruel del machismo.

Ante la imposibilidad de celebrar la manifestación que desde hace años busca visibilizar en las calles el problema de las violencias hacia las mujeres, la coordinadora feminista programó un paseo reivindicativo con medio centenar de participantes con una sucesión de concentraciones ante la sede de las principales Administraciones Públicas ( Delegación de Gobierno, Diputación de València, Palau de la Generalitat, Corts Valencianes y Ayuntamiento de València) y que finalizó con la lectura de un manifiesto que, en términos muy duros, habla del fracaso de las diferentes instituciones.

Un documento que, además, pudieron escuchar los máximos responsables de estas instituciones. El presidente Ximo Puig, el responsable de las Corts, Enric Morera, la delegada del Gobierno, Gloria Calero, la vicealcaldesa Sandra Gómez, y la diputada provincial de Igualdad, Eli García, salieron de sus despachos para asistir a la concentración.

Zapatos rojos por las víctimas

Por la tarde, las organizaciones feministas colocaron zapatos rojos en la plaza de los Pinazo de València para recordar a las mujeres que «ya no están» y reivindicar el fin de la «pandemia machista». Zapatos rojos de varios tipos y tallas, algunos infantiles, junto a prendas manchadas del mismo color, simbolizaron a las mujeres asesinadas en la acción de la Asamblea Feminista 8M de València.

En este año tan peculiar, las feministas quisieron centrar su mensaje en las deudas que las Administraciones tienen pendientes en la lucha contra la violencia de género, un problema que interpela a la sociedad en su conjunto, pero especialmente a quienes ejercen responsabilidades públicas. «No queremos hacer una proclama más abundando en señalar todas las violencias que sufren las mujeres y niñas porque todas somos partícipes de ese espanto», dejaron constar en el manifiesto. «Nos concentramos delante de las instituciones para interpelarlas sobre sus responsabilidades en el ámbito de las competencias de cada una de ellas», añadieron. Las organizadoras indicaron que, tras analizar las circunstancias de todas la violencias, han constatado «el tremendo fracaso de todas las Administraciones». El listado «de agravios, carencias y dejación de responsabilidades» es, en palabras, de movimiento enorme.

La coordinadora puso encima de la mesa varias exigencias. Algunas centradas en reformas legales para adecuar la normativa actual a las previsiones del Convenio de Estambul y las recomendaciones europeas o para poder exigir responsabilidad de las Administraciones en caso de negligencia manifiesta para proteger a las mujeres y su descendencia. Además, se exige al Consell la reversión a la titularidad y gestión pública de todos los recursos asistenciales y de intervención de violencia de género y una mayor dotación presupuestaria para la lucha contra el terrorismo machista y su destino exclusivo para las víctimas de violencia de género.

También piden equiparar la prestación que perciben las víctimas de violencia de género al salario mínimo interprofesional, crear un turno de asistencia letrada gratuita especializado y exclusivo para las víctimas. Otra batalla es lograr la retirada de la patria potestad y las visitas a los maltratadores en el mismo momento en que se interponga denuncia por violencia de género y no acordar la custodia compartida impuesta ni la coordinación de parentalidad.