Mientras en el Congreso de los Diputados la paralización de los desahucios es un tema de negociación e incluso bronca entre socios, en la calle es una realidad con afectados con nombre y apellido. Manuel González, su mujer y sus dos hijos pueden ser los siguientes en la ciudad de València, hoy mismo, tras la petición del juzgado de que abandonen la vivienda familiar en la que llevan viviendo «toda la vida». Una casa de la que pagaron la hipoteca y que la crisis y las deudas que conllevaron ha acabado arrebatándoles.

«A partir de mañana (por hoy) seremos más pobres», lamenta con indignación Manuel, parado de larga duración, con hasta cuatro cursos de formación en los últimos dos años, pero sin encontrar el respaldo de un empleo o un ingreso extra que complemente a los 560 euros que cobra Amparo, su mujer, por un trabajo en el ámbito sociosanitario. Las últimas horas del día las pasan empaquetando algunas de sus pertenencias y despidiéndose de aquellas que no se pueden llevar consigo por falta de dinero para una mudanza y de una casa a la que dirigirse.

El juzgado ha rechazado las peticiones de prórroga y el informe de vulnerabilidad emitido en el mes de junio por parte de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de València. Tampoco parece tener en cuenta que una de las personas afectadas es la hija menor de 15 años y está escolarizada en la zona. De hecho, el Tribunal Supremo fijó doctrina en 2017 de que los jueces han de garantizar la protección de los niños antes de autorizar el desalojo de la casa en la que vivan los menores.

Los problemas para Manuel y Amparo comenzaron con la crisis de 2008. Se acumularon las deudas y Hacienda les embargó la casa. Esta salió a subasta por 290.000 euros, pero nadie pujó. Posteriormente, según explica González, quien ha denunciado los hechos, se adjudicó por 66.000 euros, un precio inferior al 70 % que marca la ley para subastas por impagos de la vivienda habitual del deudor. El asunto, cuenta, está en los juzgados por la vía de lo penal.

Más allá de ello, desde la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) comenzaron a movilizarse a partir de las redes sociales para lograr la paralización del desalojo de mañana en la calle Quart como consiguieron hace dos semanas en Orriols y Mislata.

Defienden que no les han dado una alternativa habitacional, que es una familia vulnerable y hay una menor afectada mientras el otro hijo estudia en la universidad. Por su parte, Manuel se resigna y advierte: «Esto nos puede pasar a cualquiera. Si nos olvidamos de los demás, al final nos estamos olvidando de nosotros mismos».