«Ha surgido un mercado negro de ventas de cita de extranjería. Hay personas a las que les están pidiendo 200 euros por una cita». Es la historia de una mujer que recientemente contactó con Rocío Polito, representante de la Mesa de Entidades de Solidaridad con los Inmigrantes, quien denuncia que el colapso en las oficinas de Extranjería está provocando que algunas personas hayan comenzado a hacer negocio con un derecho fundamental. Rocío cuenta que los precios varían entre 100 y 200 euros, y suelen contactar con los interesados vía Facebook.
Las comisarías están viviendo un enorme retraso para que las personas migrantes puedan renovar o conseguir su Número de Identidad de Extranjeros (NIE) o Tarjeta de Identidad de Extranjeros (TIE), documentos imprescindibles sin los cuales estas personas pueden ser sancionadas por la policía, tener problemas para firmar un contrato de trabajo o simplemente contratar el suministro de luz.
Según apunta Polito, el problema de las citas se agravó durante el estado de alarma, cuando las oficinas de Extranjería tuvieron que cerrar y comenzaron a acumularse casos. Desde Subdelegación del Gobierno aseguran que son conscientes de esta situación y este mismo lunes habilitarán tres nuevos puestos para agilizar todos los trámites atrasados, además de la comisaría de Patraix, que desde hace tres semanas ha ampliado su horario a las tardes.
Un embudo legal
Pese a todo, Polito asegura que muchas personas han visto cómo caducaba su documentación a la espera de obtener una cita en comisaría, lo cual les ha acarreado varios problemas. «Nos estamos encontrando con muchas situaciones negativas; por ejemplo, una mujer que trabaja en una empresa de limpieza y a la que no van a renovar el contrato por no tener el NIE en vigor, o personas que no pueden sacar dinero de su cuenta bancaria», lamenta.
La activista asegura que la única documentación de estas personas es un escrito de resolución favorable para renovar el NIE o TIE, y que con eso basta para poder darse de alta con un contrato laboral. Pero en la práctica las empresas desconfían de este papel, lo que provoca que muchos queden a la espera de su tarjeta identificativa para poder volver a hacer una vida normal.
Problemas con el asilo
Pero no solo están teniendo problemas los migrantes económicos y con estancia regular, también están viviendo graves retrasos las oficinas de asilo. Según cuenta Jaume Durá, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en València, durante el estado de alarma se renovaron todas las tarjetas a los solicitantes de asilo durante siete meses, pero muchas de ellas están caducando ahora sin que la persona tenga posibilidad de conseguir una cita para poder renovarla.
Para Polito, esta situación es una muestra del «racismo institucional». «No puede ser que las personas migrantes siempre suframos todas las trabas burocráticas. Hasta las que estamos ya en situación regular en el territorio las tenemos que seguir sufriendo», denuncia.
Casi 800 personas encerradas en el CIE de Zapadores en 2019
El Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores en València tuvo encerradas a 766 personas migrantes durante todo el año 2019, con una duración media de 27 días y una ocupación de en torno al 70% de sus 96 plazas. Son datos del Ministerio del Interior sobre los CIE de toda España que publicó ayer el Servicio Jesuita a Migrantes.
Sobre el complejo de Zapadores llama la atención que fueran detectados cuatro menores de edad en sus instalaciones, aunque el informe alerta de que podrían ser más debido a la inexactitud de las pruebas de determinación de la edad que se practican en frontera.
El informe reserva un capítulo para las visitas a los centros de los Fiscales Delegados de Extranjería, y en el caso de Zapadores sorprende que ni siquiera preguntara sobre la muerte de un interno del centro el 15 de julio de ese mismo año.
En cifras totales, el informe arroja varios datos sobre la realidad de los Centros de Internamiento de Extranjeros en España. Destaca que solo el 2,5 % de las 6.473 personas encerradas fueron expulsadas en relación a la comisión de un delito. El 98% restante fueron expulsados por expedientes de devolución (67%) y expulsión (31%).
De todas estas personas, el 40% fueron finalmente liberadas después de estar casi un mes privadas de libertad y el 60% repatriadas de manera forzosa. La gran mayoría de internos eran de Marruecos (2.645), Argelia (1.922), Albania (232) y Senegal (218).
