La disputa por las competencias derivadas de la aplicación de la conocida como Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un compromiso internacional con el que se busca avanzar hacia sociedades con un crecimiento económico inclusivo, lleva camino de eternizarse.
Las conselleries de Transparencia y Agricultura llevan desde el inicio de la legislatura del Botànic II pugnando por encargarse oficialmente de las políticas del Consell dirigidas a cumplir estos objetivos de sostenibilidad y justicia social fruto del acuerdo firmado hace cinco años por los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de Naciones Unidas. Y el desacuerdo ha quedado plasmado en sus respectivos reglamentos orgánicos: ambos han incluido la competencia de impulso de estas políticas.
La discrepancia sobre qué departamento es el más idóneo para este cometido ha sido uno de los motivos, aunque el único, que ha retrasado hasta el extremo la publicación de los reglamentos orgánicos y funcionales de las conselleries. Un documento imprescindible para definir con precisión las funciones de cada órgano, así como la correspondiente estructura administrativa.
El pasado martes, tras año y medio de rifirrafes internos dentro del Botànic y varios frentes abiertos entre varias conselleries, el Diario Oficial de la Generalitat publicó el grueso de los reglamentos de organización y funcionamiento (ROF). Sin embargo, quedaron pendientes los reglamentos de las conselleries que dirigen Mireia Mollà y Rosa Pérez, que finalmente fueron publicados ayer. La lectura de estos decretos evidencia que el acuerdo nunca llegó a cerrarse pese a las largas negociaciones.
Tanto Agricultura como Transparencia se arrogan en sus reglamentos la competencia sobre el desarrollo de la Agenda 2030 y aunque hay matices, también queda claro solapamiento. Así, el ROF de Agricultura establece que la Dirección General del Cambio Climático «ejerce las funciones establecidas en el artículo 70 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, y las demás previstas en el ordenamiento jurídico, en materia de cambio climático y desarrollo de la Agenda 2030 con la necesaria colaboración con Presidencia y la conselleria competente en materia de cooperación internacional en su respectivas atribuciones».
Acto seguido añade que «en especial» se hará cargo de aquellas áreas relacionadas con el cambio climático. Sin embargo, esta especialidad no es exclusiva ya que más adelante especifica que entre las funciones de esta Dirección General está «el desarrollo, seguimiento y cumplimentación de la Agenda 2030 en la Comunitat Valenciana».
Transparencia, por su parte, asigna a la Secretaría Autonómica de Cooperación y Calidad Democrática las competencias establecidas en el artículo 68 de la Ley 5/1983, en materia de cooperación internacional al desarrollo, educación para la ciudadanía global, implementación transversal y seguimiento de la Agenda 2030, calidad y memoria democrática, responsabilidad social y fomento del autogobierno».
Y como funciones de la Dirección General de Cooperación Internacional, se recoge la «de promover, fomentar, apoyar y coordinar el conocimiento, la aplicación y el seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible». Por si no quedara claro en otro apartado establece que a esta Dirección General «le corresponde coordinar, impulsar y realizar el seguimiento y la evaluación de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030».
Fin al acuerdo con Presidencia
El reflejo en los reglamentos orgánicos y funcionales de esta disputa echa por tierra el acuerdo al que hace meses llegó Presidencia de la Generalitat con la Conselleria de Participación que dirige Rosa Pérez. Tal como informó en su día este diario, Presidencia aceptó que las competencias de la Agenda 2030 quedaran asignadas al departamento bajo la influencia de Esquerra Unida y así lo dio por hecho la conselleria.
Agricultura y Cambio Climático no vio claro este pacto al considerar que el ámbito de desarrollo de la mayoría de los compromisos europeos relacionados con el desarrollo sostenible encajan en el área relacionada con el Cambio Climático. De hecho, alegaban que la única mención a estas competencias en el decreto de estructura de P residencia está en esta conselleria.
La cuestión es que la Agenda 2030 contempla 17 objetivos que cubren una amplia gama de políticas públicas: educación, igualdad, justicia, cambio climático. La cuestión es quien las coordinará. Un año y medio después sigue sin quedar claro.
