La Guardia Civil no ha abierto ningún procedimiento disciplinario contra el comandante de Paiporta a raíz de las grabaciones en las que se le escuchaba hablar, en una reunión con varios de sus mandos subordinados, de «partirle las piernas» y «la cara» a la alcaldesa de ese municipio. Así lo ha admitido el Gobierno a través de una respuesta a la pregunta formulada por el senador Carles Mulet (Compromís), quien el pasado 30 de septiembre inquiría si «va a investigar la Guardia Civil, como insta la Fiscalía, si la actuación del oficial pudiera ser constitutiva de algunas de las faltas» que contempla el régimen disciplinario del instituto armado.
De la respuesta se deduce que no han abierto ninguna investigación por esas grabaciones, dadas a conocer por Levante-EMV y diario.es y en las que se escuchaban esas frases amenazadoras, ya que ni siquiera contestan a la pregunta directa de Mulet. Únicamente arguyen, como en otras ocasiones, que «no podrá producirse resolución definitiva de los procedimientos sancionadores disciplinarios hasta que no sea firme la resolución en el ámbito penal».
Y reiteran, a preguntas del senador, que los únicos expedientes «en los que se encuentra actualmente incurso» el citado oficial son los dos que ya se conocían. El primero de ellos fue abierto el 22 de febrero de 2019 por orden del entonces director general de la Guardia Civil por una presunta falta muy grave —en este caso, por acoso a su inmediato subordinado, un capitán—.
Tres denuncias en un año
Esa investigación de carácter administrativo fue ordenada después de que este diario desvelase la existencia de una información reservada llevada a cabo por la Comandancia de València después de que el capitán denunciase al comandante por acoso, información reservada que no dio pie a la apertura del expediente disciplinario hasta que este periódico reveló su existencia. Al margen del proceso administrativo, el presunto acoso al capitán obligó a abrir la vía penal y el caso continúa en este momento en el Juzgado Togado Militar Central 2 de Madrid.
De manera cautelar, el comandante fue suspendido de funciones —que no de empleo y/o sueldo— durante tres meses, al cabo de los cuales se reintegró, sin más, a la jefatura de la compañía de Paiporta. Pero, la situación, lejos de mejorar, fue a peor. Tras el capitán, fueron el teniente que le sucedió y más tarde el sargento que sustituyó a este como jefes del puesto de Paiporta —cada pueblo tiene su puesto y la suma de estos forma la compañía, por esa razón, Paiporta, como cabecera de compañía, tiene jefe de puesto y jefe de compañía—. Los tres, sucesivamente, acabaron denunciando presiones del comandante, tanto por conducto reglamentario, como ante la justicia ordinaria —el capitán y más tarde, el sargento—.
Esta última, en la que el suboficial acusa a su jefe de tratar de amenazarle y de impedir una investigación por una estafa con mascarillas en los primeros días de estado de alarma, ha acabado dando origen a una segunda investigación judicial, esta, en el Juzgado Togado Militar Central 1 de Madrid.
A raíz de la publicación en este diario de esa nueva denuncia —la tercera de un subordinado al mismo mando en un año, algo absolutamente anómalo en la Guardia Civil—, el general jefe de la Zona de València ordenó abrir un segundo expediente disciplinario contra el comandante, en esta ocasión, por dos presuntas faltas graves: una por grave desconsideración, en este caso a un subordinado, y otra por la grave perturbación del servicio.
Pues bien, ambos expedientes están paralizados y «pendientes de resolución», según ha informado el Gobierno al senador Carles Mulet, por, según reza la respuesta por escrito nuevamente, existir dos causas judiciales abiertas —las de los togados centrales—.
No habrá más medidas cautelares
Mulet ha preguntado hasta en dos ocasiones si la Guardia Civil tiene previsto investigar disciplinariamente al comandante por esas frases, que ocasionó, entre otras cosas, la apertura de oficio de unas diligencias por parte de la Fiscalía. La fiscal pidió finalmente el archivo de la causa tras concluir que los hechos habrían constituido un delito leve de amenazas, prescrito a estas alturas, ya que las grabaciones fueron realizadas en junio de 2018. Eso sí, dejaba abierta la posibilidad de que fuese investigado por el instituto armado por si su actitud y sus frases, que despertaron la indignación de la alcaldesa, del ayuntamiento y de su partido, pudieran ser sancionadas con el régimen disciplinario de la Guardia Civil.
A la primera pregunta, formulada el 30 de septiembre, no se contesta directamente y a la segunda, realizada el 5 de octubre, se responde que «no está prevista la adopción de más medidas cautelares al no estar el comandante prestando en la actualidad sus servicios en la compañía de Paiporta».
Es más, el Gobierno yerra en la respuesta, ya que fecha ese traslado, adoptado, dice, «como medida interna y de forma temporal», el 17 de abril, cuando se produjo el 17 de julio, el día después de que Levante-EMV y diario.es difundieran las grabaciones en las que hablaba de «partirle las piernas» y «la cara» a la alcaldesa, grabaciones que, por tanto, no han generado ningún nuevo expediente contra el oficial.
