En el lenguaje de Bruselas abundan las cumbres decisivas y los momentos históricos, pero nunca antes estos calificativos habían sido tan apropiados para definir la encrucijada a la que se enfrentan en las próximas semanas los 27 estados miembros de la Unión Europea. En juego está la movilización de un paquete de estímulos económicos sin precedentes: 1,8 billones de euros de cuya gestión eficaz depende el futuro de varias generaciones.
En la recta final de las negociaciones, el responsable de la oficina de la Comisión Europea en España, Francisco Fonseca, arrojó luz sobre las incertidumbres que planean sobre los fondos de reconstrucción en un encuentro abierto que se celebró el miércoles en el Work Café del Banco Santander en València, A la cita asistieron los dos máximos interlocutores de la Generalitat con Bruselas, Joan Calabuig y Juan Ángel Poyatos, así como los directivos de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) Inmaculada García y Ricardo Miralles, el delegado del Santander en la C. Valenciana, Antonio Valldecabres, o Enrique Martínez, responsable del Work Café, un innovador espacio colaborativo abierto hace un mes. La cita estuvo conducida por el director general de Relaciones Institucionales de Levante-EMV/Prensa Valenciana, Julio Monreal.
Fonseca equiparó el momento actual de la UE con el pacto que engrasó la maquinaria de la organización federal de Estados Unidos mediante la mutualización de la deuda de sus estados. Ése es precisamente el primer tabú que, según el alto funcionario comunitario, ha conseguido romper la pandemia: la necesidad de seguir endeudándose en los mercados de capitales (con tipos de intereses negativos o casi cero) doblando el techo de gasto público habitual para articular una «salida europea» que salve a la economía sin dejar a nadie atrás sobre tres pilares en torno a los cuales se articularán las ayudas europeas: la digitalización, la transición ecológica y la reindustrialización inteligente. Conseguir que la europea sea la primera economía descarbonizada y que las empresas de la Unión puedan competir en igualdad de condiciones con los grandes gigantes tecnológicos -con marcas propias en inteligencia artificial y robótica- o garantizar una banda ancha adecuada en todo el continente son algunos de los objetivos perseguidos, complementarios al «gran bazuca anticíclico» que ha dado oxígeno en el corto plazo al tejido económico.
Gasto a partir de primavera
Si todo marcha según lo previsto, el representante de la Comisión en España expresó su confianza en que, como mucho a finales de la primavera de 2021, los estados miembros podrán comenzar a hacer efectivo el gasto mediante acuerdos público-privados, una vez concluyan las primeras emisiones de deuda. El experto recalcó que España va a ser, junto a Italia, el máximo beneficiario de la inyección de dinero público para reactivar la economía, con la recepción de alrededor de 140.000 millones de euros. Ahora bien, Fonseca -sin temor a ser políticamente incorrecto- advirtió de la necesidad de «vencer las tentaciones del corto plazo» ofreciendo «una imagen clara de cohesión territorial, social y política».
Aunque existe un consenso global sobre el importe de los estímulos económicos, los reglamentos y condicionantes de las diferentes líneas de ayuda todavía están en discusión y tienen que ser aprobados por unanimidad en el Consejo Europeo en diciembre. La principal amenaza de las negociaciones en marcha se centra en la capacidad de veto que pueden ejercer países como Hungría y Polonia si no se atienden sus exigencias de suavizar los controles. Fonseca, sin embargo, no cree que estos socios tengan la fuerza política suficiente para evitar el bloqueo de la operación y sostiene que hay margen suficiente para limar asperezas. «Si fuera el caso, buscaremos otros métodos fuera del marco europeo general: no puede ser que dos bloqueen a 25», remachó.
Vencido ese punto, el gran desafío al que se enfrentan las administraciones beneficiarias es el de demostrar que pueden absorber los ingentes recursos comunitarios garantizando un alto nivel de ejecución en los plazos inicialmente marcados, de tres años. Precisamente, una de las mayores preocupaciones expresadas por el president de la Generalitat, Ximo Puig, es la de poder asumir una cuantía de gasto que multiplica por cinco los fondos estructurales recibidos en los últimos 14 años en tan corto espacio de tiempo. Para ello, según coincidieron todos los actores presentes en el encuentro del Work Café Santander, se necesitan reformas legales que agilicen el funcionamiento de las instituciones. En ese sentido, Fonseca coincidió en que es fundamental eliminar cuellos de botella y confirmó que se está estudiando elevar del 4 % al 8 % el porcentaje de los fondos dedicados a mejorar y acelerar su ejecución. También apuntó que las primas de adelanto a los programas podrían aumentar del 10 % al 50 % para ganar eficacia.
Eso sí, el delegado de Bruselas hizo mucho hincapié en que los proyectos que presente la Comunitat Valenciana para optar al reparto de las ayudas y a la financiación bajo la fórmula de préstamos no deben encerrarse en las fronteras locales o autonómicas, sino que han de encajar dentro de los grandes ejes marcados la UE. Y para eso hace falta un marco regulatorio ágil común, un plan estratégico y la máxima coordinación posible, puesto que -incidió- el 50% del reparto del gasto será autonómico y el resto se repartirá entre entes locales y el Gobierno. «Es necesario que todas las comunidades jueguen con las mismas cartas y que haya una cohesión público-privada entre regiones para decidir en qué cesto ponemos las naranjas», ahondó.
En ese contexto juega un papel muy importante «la capacidad de ofrecer confianza al sector privado para tejer alianzas» y que las empresas participen de las inversiones. «Las administraciones tienen que ser mucho más ágiles para ejecutar los fondos. Tenemos tres o cuatro meses para asegurarlo», apremió Fonseca. Para el alto funcionario comunitario, el Corredor Mediterráneo puede tener cabida en el paquete de fondos porque es una «gran prioridad estratégica». Por ello, llamó a «evitar batallas a nivel político central y autonómico». En el turno de los asistentes, Ricardo Miralles (CEV) también mostró su inquietud por los obstáculos que suele generar la burocracia. Fonseca respondió abriendo la puerta a una mayor flexibilidad en los plazos para ciertos sectores.
La clave de la digitalización
Por su parte, el secretario autonómico para la UE, Joan Calabuig, incidió en la necesidad de ahondar en las competencias de digitalización en el ámbito educativo y formativo, una reflexión compartida por el delegado de la UE, que señaló el camino para optar «a tener nuestro propio clúster digital aquí». El director de la oficina de la Generalitat para las ayudas de Bruselas, Juan Ángel Poyatos, trasladó la preocupación de las pymes valencianas ante las dificultades con las que podrían encontrarse para competir con las empresas del Ibex-35 y con las corporaciones con más músculo en el reparto de fondos.
Fonseca aseguró que las grandes firmas necesitarán el concurso de las pequeñas para atraer a socios de otros países, a tiempo que recalcó la importancia capital de alcanzar alianzas transautonómicas y transnacionales. «Garantizar que haya equilibrio es una exigencia de los poderes públicos españoles y desde la Comisión vigilaremos que se cumplan los objetivos», sentenció.
Una trayectoria inseparable de Bruselas durante 34 años
La trayectoria de Francisco Fonseca Morillo es inseparable de la Comisión Europea, institución a la que lleva vinculado más de tres décadas, desde 1986. En 2009 fue nombrado por primera vez director de la oficina de representación de la Unión Europea en España, un servicio con un papel clave de interlocución con las autoridades españolas, la sociedad civil y los medios de comunicación.
En 2015 regresó a Bruselas para desempeñar el puesto de director general adjunto de Justicia y Consumidores. Sin embargo, tres años más tarde, en 2018, el alto funcionario comunitario volvió a hacerse cargo de la oficina española de la Comisión, con sede central en Madrid y una delegación en Barcelona desde la que se conectó el miércoles para participar por videoconferencia en el encuentro «Todo lo que hay que saber sobre los fondos europeos» organizado en el Work Café Santander de València. Fonseca no pudo asistir presencialmente porque tenía que acompañar al vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, a la cumbre de la Unión por el Mediterráneo que comenzó el jueves en la ciudad condal.
Fonseca es doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. A lo largo de su carrera ha ocupado diferentes altos cargos en el ejecutivo comunitario dentro de la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros, del área de Justicia y del gabinete del comisario de Justicia e Interior, Antonio Vitorino. Además, participó en la negociación de los tratados de Maastricht y Ámsterdam y en la cumbre que diseñó la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.
«Los proyectos que creen empleo neto tienen ventaja»
Aunque a partir de 2028 los estados miembros deberán comenzar a reembolsar la deuda generada por los planes de reconstrucción, el delegado de la Comisión Europea en España, Francisco Fonseca, lanzó un mensaje tranquilizador apelando a la solvencia y a la potencia económica de una UE cohesionada, «un mercado gigantesco que tiene toda la credibilidad para ser objeto de deseo por parte de comunidad inversora internacional», incidió. A preguntas de los asistentes, Fonseca dejó claro que «los proyectos que supongan una creación neta de empleo cuentan con ventaja» en las convocatorias de fondos que se preparan para primavera de 2021. «Lo que hace falta es que sean empleos de calidad y que se apueste sobre todo por la digitalización y la transición ecológica», ahondó el alto funcionario comunitario. Fonseca también recalcó que entre los estímulos se reservan cuantías importantes para impulsar los recursos naturales y cuidar el medio ambiente que podrían ser «muy importantes para la Comunitat Valenciana». El responsable español de la Comisión admitió que los agricultores no están satisfechos con el gasto público aprobado porque «es una congelación del actual», aunque abrió la puerta a la posibilidad de paliar la problemática a través de ayudas directa. El Parlamento ha pedido que se incrementen un 30% las subvenciones a los agricultores que refuercen su dimensión ecológica, si bien el Consejo no es partidario de aumentar la partida más de un 20% más. «La negociación están avanzadas», dijo Fonseca.
