Suscríbete

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

El secretario niega irregularidades con los asesores ante el juez de Alquería

Un informe concluye que la diputación no superó el cupo legal, como sospechaba la Fiscalía

El secretario de la diputación, a la derecha, en un pleno junto al presidente, Toni Gaspar. | M.Á. MONTESINOS

La Diputación de València no superó en ningún momento el cupo de asesores permitido por la ley bajo la presidencia del alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez. Esta es la principal conclusión a la que llega el secretario general de la corporación provincial en un informe trasladado al juez del caso Alquería que rechaza una de las sospechas manejadas por la Fiscalía Anticorrupción en el marco de la investigación sobre la contratación de directivos en Divalterra.

La normativa estatal determina que el número máximo de personal de confianza para las diputaciones de más de 500.000 habitantes ha de ser equivalente al que le corresponde a la corporación del municipio más poblado de la provincia, en este caso el Ayuntamiento de València. En el mandato comprendido entre 2015 y 2019, el consistorio dirigido por Joan Ribó reservó en su plantilla 45 puestos de asesores nombrados a dedo. A continuación, la institución entonces presidida por Rodríguez acordó limitar a 41 las plazas a ocupar con personal eventual (cuatro menos de las permitidas), una cifra que no se vio alterada hasta el cambio de corporación en 2019 y que, según el entorno del expresidente, demuestra que Divalterra no se usó para «colocar» a aquellos afines que no tenían cabida en la diputación. Tras las últimas elecciones, la nómina de eventuales en la entidad provincial se elevó a 48.

Poco antes de dimitir Rodríguez hubo un momento en el que la institución tuvo dos asesores más de los que se había marcado (sin exceder el tope legal) debido a la sustitución de dos bajas laborales. La retribución media rondaba los 40.000 €.

El secretario rechazó recientemente otro de los argumentos utilizados en la investigación de Alquería al refrendar la legalidad de la estructura aprobada para Divalterra que abrió la puerta a la contratación y a los sueldos de 10 directivos bajo el foco de la justicia. El juez también ha recibido de la diputación el extenso listado de asesores nombrados entre 2015 y 2019 que requirió a instancias de la Fiscalía. Su intención es comprobar si los directivos investigados previamente ejercieron como personal eventual de los partidos, algo que ocurrió en el caso de Voro Femenía y Víctor Jiménez.

Compartir el artículo

stats