Pablo Casado vino a València ayer con una completa agenda que le llevó a estrechar los lazos en tres ámbitos: el educativo, con el apoyo a la escuela concertada tras la aprobación de la Ley Celaá; el empresarial, con el almuerzo que mantuvo con miembros de la Confederación Empresarial de la C. Valenciana, y el orgánico, el de su propio partido, al apoyar a la lideresa del PP en València, Maria José Catalá, en la apertura de su nueva sede en el centro de la ciudad.
En el acto en favor de la escuela concertada, celebrado en el complejo cultural de Las Naves, Casado hizo un llamamiento al «socialismo moderado», a la «izquierda patriótica, sensata», para frenar la reforma de la ley educativa que, a su juicio, atenta contra la libertad de elección educativa. «Ganarán pero no convencerán», afirmó.
Por ello, volvió a reiterar que el PP llevará al Tribunal Constitucional la ley Celáa cuando entre en vigor porque ataca «a la libertad y a la calidad educativa». Lanzó un mensaje de optimismo ya que la jurisprudencia del órgano constitucional apunta a que «no se va a aceptar la norma y declararán anticonstitucional los aspectos más lesivos. Además, acudirán a los tribunales europeos.
También la presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, advirtió a las autoridades del Consell: si el presidente Ximo Puig no quiere contar con la ayuda del PP en educación y opta por la «imposición», les encontrarán en los tribunales. Una ley que Catalá calificó en su discurso de no tener «ambición ni metas» y de llevar a la sociedad a debates «de hace 40 años».
De hecho, para Casado el PSOE «ya no es el Partido Socialista, es el Partido Sanchista», porque no reconoce a la izquierda que contribuyó a la historia de España, a la educación, a la sanidad o a la transición. Además, acusó a Sánchez de ser «como el perro del hortelano, ni come ni deja comer» en las competencias de las autonomías para gestionar la pandemia, bajar impuestos o la poder «mejorar» la calidad educativa.
Para Casado, la reforma educativa «no les va a salir bien» por la falta de consenso que ha generado. La lengua no debe ser un «obstáculo», sino una «autopista de conocimiento, de unión», por lo que no se puede entender que el español no sea lengua vehicular, y defendió un trinlingüismo educativo sin «trampas» como la de que quien quiera estudiar inglés, se tenga que escolarizar en valenciano.
De hecho, el valenciano fue otro de los caballos de batalla de Casado en el acto con representantes de la concertada. Bonig recordó la el conflicto «por la libertad educativa» que el PP libra desde hace cinco años, con sentencias «que han sentado doctrina».
Mientras, el presidente del PP calificó a la Comunitat Valenciana como «banco de pruebas de la izquierda». Cuestionó la «imposición del valenciano» en las aulas pero también en la función pública como requisito que ,a su juicio,«empobrece» este territorio en lugar de «engrandecerlo».
De hecho, la presidenta de la Confederación Valenciana de Padres y Alumnos Covapa, Sonia Terrero, lamentó que esta ley «imponga» el valenciano. Mientras, el presidente de la patronal de la educación privada y concertada de València, Alberto Villanueva, criticó que la ley Celaá «invente un derecho a la educación pública» y elimine «la demanda social». Por último, la presidenta del sindicato CSIF, Alicia Torres, apuntó en su intervención que esta ley creará «caos»
«No cumple con la financiación»
Casado también destinó un momento a criticar el «inmovilismo» del Gobierno Central con la reforma de la financiación. Afirmó que Sánchez «obvia» responsabilidades como la de «mejorar»la financiación autonómica, una de las reivindicaciones valencianas.
En este sentido, Pablo Casado también hizo alusión al debate actual sobre el dumping fiscal que practican en Madrid y que el presidente Ximo Puig tantas veces ha criticado. El líder popular cree que Sánchez no deja a las autonomías moverse «en el margen fiscal que tienen para bajar impuestos» y las que lo hacen, ahora se tienen que «armonizar».
