La desigualdad dentro de los países y entre estos no deja de crecer. El 60 % de la población vive en situación de pobreza, mientras que el 1 % de las personas acumula más riqueza que el resto de la población mundial.
Con tal de lograr un crecimiento inclusivo en el futuro, las Naciones Unidas se han propuesto potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica. De esta forma, la ONU se marcó como objetivo principal para la próxima década lograr y mantener un crecimiento de los ingresos del 40 % más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional.
En este marco, Levante-EMV acogió el pasado miércoles un desayuno informativo con la voluntad de crear un espacio para el debate y la reflexión sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 10, el de reducción de las desigualdades, una vez más con la colaboración de Facsa, Caixa Popular y la Autoridad Portuaria de Valencia. La mesa redonda contó con la presencia de la concejala y coordinadora general del área de Bienestar y Derechos Sociales del Ayuntamiento de València, Isabel Lozano; el responsable de Igualdad e Inclusión de Caixa Popular, Miguel Montagut; la presidenta de la Coordinadora Valenciana de ONG de Desarrollo (Cvongd), Lourdes Mirón; la coordinadora del Grup d’Assessorament de Temes Trans (GATT) y técnica de Lambda, María Homsani; la representante de la Federació de Dones Progressistes, Júlia Sevilla; y la coordinadora de Valencia Acull, Júlia Checa Valero. El encuentro estuvo moderado por el director general de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica, Julio Monreal.
El debate giró entorno a las diferentes formas en que se manifiestan las desigualdades en todo el mundo, así como el grado de responsabilidad de los agentes sociales y las soluciones de cara al futuro. Por último, también se hizo mención a cómo la crisis sociosanitaria derivada del coronavirus ha contribuido a señalar estas desigualdades y girar el foco de atención hacia las personas.
Responsabilidad compartida
La Administración Pública es, en primera instancia, responsable de velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas, así como de distribuir los recursos de los que dispone, haciendo especial hincapié en los colectivos más vulnerables.
«Las desigualdades tienen muchas caras y dimensiones», aseveró Isabel Lozano. La concejala, que fue la encargada de abrir el debate, destacó la importancia del sistema de servicios sociales para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos: «Una sociedad democrática debe aspirar a terminar con las desigualdades. La red de servicios sociales es la base para cubrir las necesidades básicas de las personas, aunque esta labor compete a todas las áreas del ayuntamiento».
Lozano, quien fue concejala de Igualdad en la anterior legislatura, reconoció la responsabilidad de los organismos públicos en la tarea de acabar con la desigualdad, aunque añadió que «una sociedad igualitaria debe trabajar en todos sus ámbitos para asegurar el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas y, para ello, debe implicar a toda la sociedad».
Por su parte, el responsable de Igualdad e Inclusión de Caixa Popular, Miguel Montagut, reconoció el papel del sector privado en la lucha contra la desigualdad: «Las empresas privadas tenemos una responsabilidad para con la sociedad y tenemos que conseguir que las personas crean en sus valores».
Los valores de Caixa Popular se remiten al cooperativismo, a través de una gestión democrática, búsqueda de alianzas, libre adhesión y compromiso con el desarrollo sostenible. «Debemos pensar en las consecuencias de nuestras decisiones sobre las personas de nuestro entorno. Cuando una organización actúa de forma coherente, las personas responden de la misma forma», puntualizó Miguel Montagut.
La desigualdad clásica
La forma clásica de la desigualdad reside en las diferencias económicas entre países y dentro de los mismos. «La desigualdad económica marca el destino y las oportunidades de las personas. Muchos niños y niñas nacen condenados a una situación de exclusión por el simple hecho de haber nacido en una familia sin recursos», destacó la coordinadora del área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de València.
Al respecto de ello, Lourdes Mirón señaló que «lamentablemente, la igualdad ha avanzado muy poco. En los últimos cinco años, la desigualdad económica ha aumentado». La presidenta de la Coordinadora Valenciana de ONG de Desarrollo también recordó el incumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), antecesores de los ODS, y las dramáticas consecuencias que derivarán de la crisis del coronavirus: «La covid-19 hará que crezca la pobreza extrema».
La Coordinadora Valenciana de ONG de Desarrollo (Cvongd) agrupa 94 organizaciones de la Comunitat Valenciana que trabajan en más de 90 países, principalmente en América Latina, África y Asia. Lourdes Mirón reflexionó sobre las metas del décimo ODS, referido a la reducción de las desigualdades, y cómo los gobiernos las entienden: «Me parece que no hemos hecho nada al respecto. Si la desigualdad matara tan rápido como el coronavirus, ya habría vacuna».
La segunda gran forma de desigualdad en el mundo es la que se debe a razones de género. Todavía en la actualidad, muchas mujeres y niñas en todo el mundo se ven discriminadas y padecen desigualdades en muchos aspectos, además de sufrir violencia física o sexual. «Las mujeres no son un colectivo, suponen la mitad de la población y estaban ocupando un papel secundario», destacó María Homsani. La técnica de Lambda también aseguró que «falta mucho por conseguir una igualdad real».
«La desigualdad de las mujeres es incomprensible», comentó Julia Sevilla. La representante de la Federació de Dones Progressistes recordó la diferencia de vida y oportunidades que tienen las mujeres por el simple hecho de serlo. «Hay una gran diferencia en la calle y en el espacio público. La violencia contra las mujeres existe y cada muerte de una mujer es un fracaso del Estado», sentenció Julia Sevilla, además de incidir en la falta de seguridad que muchas mujeres viven en la calle y sus propios hogares.
En la actualidad, todavía muchas mujeres tienen limitado su acceso a puestos de responsabilidad. El conocido como «techo de cristal» les impide ocupar el poder en muchos estamentos y, según la representante de la Federació de Dones Progressistes, «ser iguales frente al poder es necesario para terminar con la desigualdad de género».
En otro punto se encuentran las personas que se ven marginadas por su sexualidad. El colectivo LGTBI viene de una historia de invisibilización y criminalización que ha aumentado recientemente, a raíz del discurso del odio y agresiones diarias. «A pesar de los avances y la integración, todavía queda mucho por hacer», confesó la coordinadora del Grup d’Assessorament de Temes Trans (GATT) y técnica de Lambda, María Homsani.
Durante el debate, María Homsani reconoció un aumento de la frecuencia en el número de discriminaciones y agresiones contra personas de su colectivo, que se ha transformado en la vuelta del miedo y la inseguridad. «Las personas trans seguimos encalladas en el mismo sitio», lamentó.
En la actualidad, más del 80 % de los delitos de odio no se denuncian. Además, durante la pandemia, 150 mujeres trabajadoras del sexo contactaron con Lambda por falta de recursos. «La administración pública no llega hasta donde debería llegar», aseveró María Homsani, que lamentó que la ley no ampare a mujeres trans migrantes que huyen de su país por transfobia, lo que «les obliga a perpetuar la miseria que traen de sus países de origen».
Un colectivo criminalizado
En los últimos años, Europa ha tenido que hacer frente al desafío migratorio más grave desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Esta situación ha evidenciado las deficiencias del sistema de asilo europeo y el sentimiento de solidaridad de muchos países.
«Las crisis migratorias nos acompañan desde hace mucho tiempo», resaltó Júlia Checa durante su intervención en el debate del pasado miércoles. «Las rutas migratorias son constantes y debemos procurar acompañar a estas personas en su integración, además de denunciar las injusticias y visibilizar este colectivo», reafirmó.
Los movimientos migratorios están vinculados, normalmente, a las desigualdades económicas. En este sentido, la coordinadora de Valencia Acull apostó por «poner el foco en las motivaciones de las migraciones. Todas las personas tienen derecho a vivir mejor y decidir dónde, pero también tienen derecho a hacerlo en su propio país».
Valencia Acull atiende, cada año, a más de 2.000 personas que se sienten criminalizadas y discriminadas. Júlia Checa exigió «herramientas de protección suficientes -pues muchas personas migrantes no tienen posibilidad de acceder a estos recursos- y una actitud proactiva de responsabilidad compartida».
El impacto de la covid-19
El 2020 ha estado marcado por la crisis de la covid-19, que ha amenazado todos los sectores económicos y ha acrecentado los problemas sociales a escala mundial. Las Naciones Unidas advierten que la covid-19 ha intensificado las desigualdades existentes y ha afectado más que nadie a las comunidades más vulnerables.
Sin embargo, todavía se pueden extraer aspectos positivos de esta terrible situación. «La pandemia ha tenido la virtud de poner la vida en el centro de todo», expresó Júlia Sevilla durante su intervención. Esta misma reflexión compartió Isabel Lozano, que reconoció cómo la covid-19 «ha sacado a la luz la precarización de las vidas y el mercado laboral». En este sentido, «el foco político, mediático y ciudadano se ha puesto en cubrir las necesidades básicas de las personas. De esta forma, podremos avanzar más que nunca en las políticas sociales».
Además, esta crisis también ha señalado una nueva forma de desigualdad, referida al acceso a servicios digitales. «Ninguno pensábamos en el impacto de la brecha digital sobre las desigualdades», reiteró Júlia Checa.
Los participantes cerraron el debate hablando sobre la gestión de los fondos europeos para la reactivación económica tras la covid-19, que consideraron como una «oportunidad para generar prosperidad y bienestar para todos». Por último, el encuentro concluyó con una reflexión conjunta que verbalizó Lourdes Mirón: «En este mundo hay riqueza para todos, pero está mal distribuida».
La ONU hace frente a la desigualdad en el mundo
La desigualdad dentro de los países y entre estos es un continuo motivo de preocupación para las Naciones Unidas. A pesar de la existencia de algunos indicios positivos hacia la reducción de la desigualdad en algunas dimensiones, esta todavía continúa.
Además, la Covid-19 ha sacado a la luz las desigualdades económicas y las frágiles redes de seguridad social que hacen que las comunidades vulnerables tengan que sufrir las consecuencias de la crisis. Al mismo tiempo, las desigualdades sociales, políticas y económicas han amplificado los efectos de la pandemia.
Con ello, las Naciones Unidas han lanzado un llamamiento con sus ODS para la reducción de las desigualdades y garantizar que nadie se queda atrás antes de 2030.
