El juzgado de instrucción número 4 de Castellón ha requerido al PP que identifique a la persona o personas que autorizaron un pago de tres facturas por valor de 58.920 euros al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra y a la mercantil Asdecas SL, entre abril y junio de 2012, en la causa en la que se investiga si el exmandatario 'popular' ocultó patrimonio para dificultar la ejecución de la sentencia en la que resultó condenado por cuatro delitos fiscales.

Según informó en su día el TSJCV, entre los investigados figuran administradores de empresas y particulares que ordenaron o participaron en la transferencia de fondos a cuentas bancarias de Fabra, de sus familiares o de sus sociedades, fundamentalmente entre los años 2011 y 2012. Entre los investigados que figuran en esta causa se encuentra el presidente del Grupo Pamesa, Fernando Roig, que concedió a través de una mercantil un crédito personal a Carlos Fabra por valor de 1,4 millones de euros con garantía hipotecaria sobre una vivienda del expresidente de la Diputación en 2013. También declararán como investigados -aunque todavía no se ha fijado la fecha de las comparecencias- el exadministrador de Becsa Luis Enrique Batalla; Enrique Gimeno (FACSA); el administrador de Reyval, Daniel Vicente Latorre; el exvicepresidente de la Diputación Francisco Martínez; y el expresidente de la Cámara de Comercio Salvador Martí.

El juzgado abrió esta causa en junio de 2017, tras recibir una denuncia de Fiscalía por la posible comisión de delitos de frustración de la ejecución, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y cohecho. La investigación, que ha estado secreta hasta septiembre de este año, trata de determinar el origen de los flujos económicos manejados directamente o a través de terceros por el expresidente de la Diputación y si esos ingresos pudieron responder a labores de intermediación realizadas durante el ejercicio de cargo público.

El juzgado también investiga si se produjo una ocultación patrimonial mediante un entramado de empresas y personas para dificultar el cobro de la deuda contraída con Hacienda tras la condena penal. El número total de investigados en estas diligencias se eleva ya a 27, incluidos el propio expresidente de la Diputación y varios de sus familiares.