Los dos directivos que se quedaron al mando de Divalterra tras el vaciado de la cúpula de la empresa pública a raíz del caso Alquería figuran entre los puestos de responsabilidad no funcionarial mejor pagados no solo de la corporación provincial, sino también de la administración autonómica. En la diputación, solo el presidente Toni Gaspar, con una retribución de 77.253,85 euros (equiparable a los ingresos declarados por Ximo Puig), percibió en 2019 unos emolumentos superiores a los del gerente de la firma de las brigadas, Antonio Mas (70.843 euros) y a los del jefe de los servicios jurídicos, José Luis Vera (71.547,74 euros).

La institución ha hecho público el listado de sueldos que abonó el año pasado a los diputados y altos cargos de sus empresas dependientes (a excepción de Egevasa) después de que la Intervención pidiera más transparencia y cuestionara las retribuciones de Vera y del gerente de Girsa. Dado el carácter electoral de 2019, junto a Gaspar solo cuatro diputados resistieron un año entero en su escaño provincial y ninguno de ellos llegó a cobrar 70.000 euros. Los que más se aproximaron a esa franja fueron Xavier Rius (68.916,49 euros) y M.ª Josep Amigó (62.116,81 euros).

Por su parte, el gerente del Con- sorcio Provincial de Bomberos, José Manuel Ballester, percibió un sueldo de 68.138,21 euros, mientras que el de Girsa, Luis Tejedor, ingresó 55.000 euros. Según los datos del Portal de Trans- parencia de la Generalitat, solo el president Puig (77.270 euros), los consellers Rafael Climent y Gabriela Bravo y otros cuatro altos cargos del Consell, junto al presidente de las Corts, superarían la retribución de los dos directivos de Divalterra, por encima también de la de los diputados de las Corts y de las establecidas para el sector público autonómico.

Techo retributivo excedido

Si bien el Consell ha pactado congelar los sueldos de sus altos cargos en 2021, la diputación aprobó en el último pleno una reclasificación de sus empresas que, aplicando el aumento salarial aprobado por el Gobierno para los empleados públicos, eleva a 72.000 euros el máximo de emolumentos que pueden cobrar los directivos tanto de Divalterra como de Egevasa y el Consorcio de Bomberos, sumando la retribución básica de 48.000 euros, los complementos y las dietas. El interventor advirtió recientemente de que el jefe jurídico de Divalterra sobrepasó en 2019 el anterior techo retributivo fijado en 2016, de 67.500 euros. El presidente de la corporación provincial defendió que las diferencias eran mínimas y limitó el conflicto a unas cuantías reclamadas pendientes sometidas a examen. Según los cambios aprobados, el puesto de director jurídico debería pasar a cubrirse mediante convocatoria pública basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad. A la espera de su reconversión jurídica tras el caso Alquería, la cúpula de Divalterra se ha reducido de 10 a 2 altos directivos -en la anterior legislatura llegaron a gastarse 1,5 millones en sueldos- y se han aumentado los controles.