El proyecto de decreto de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas para regular el teletrabajo del personal funcionario se ha encontrado con otra piedra en el camino. Esta, además, de tipo jurídico y que, además, será mucho más difícil de sortear que las pegas que hasta el momento habían puesto encima de la mesa varias conselleries y los sindicatos.
El informe de la Abogacía de la Generalitat, al que ha tenido acceso este diario, desmonta el grueso de la norma defendida por el departamento que dirige Gabriela Bravo al asegurar que es mucho más “restrictiva” que la norma en vigor que pretende sustituir y que, tal como recuerda, no permitió que un sólo funcionario teletrabajara la pasada legislatura. El principal disparo en la línea de flotación del proyecto es el cuestionamiento de lo programas de teletrabajo que, según la norma, deben plantear las subsecretarias para después ser aprobada por la Dirección General de Función Pública. El informe entiende que esto supone “laminar de forma arbitraria por vía reglamentaria un derecho subjetivo, condicionándolo suspensivamente a la voluntad de las subsecretarias” y añade que esto “hurta a cada funcionario la opción de teletrabajar” porque no dependerá de los requisitos legalmente establecidos sino a la voluntad de cada subsecretaría. Por ello, pide que se incluya una modalidad de autorización indivivual vinculada a las funciones concretas del funcionariado.
El informe se basa en que el teletrabajo es una forma de organización del trabajo y su finalidad y espíritu es mejorar los servicios públicos y reforzar el derecho de los empleados y empleadas públicas y por eso, entiende que, no pueden imponerse restricciones al margen de las previstas en la ley, “de modo que se dificulte su aplicación práctica por motivos que no sean la incompatibilidad de las funciones el puesto con el traajo a distancia y las necesidades del servicio debidamente justificadas”. Y el abogado firmante cree que esto es precisamente lo que hace el decreto: poner trabas.
Además, en consonancia con lo que reclamaban sindicatos y varias conselleries ligadas a Compromís, el informe no comparte el veto del teletrabajo para el funcionariado que ocupa un puesto de nivel 30. Entiende que, al igual que el resto, tienen derecho a teletrabajar.
Además, cuestiona la regulación para casos de crisis e insta a que la conselleria “reconduzca” esta regulación por “causas de fuerza mayor o suceso imprevisible” que permita cubrir la práctica total de las situaciones en caso de ser necesario continuar prestando funciones desde casa.
El informe jurídico no es vinculante, pero añade un nuevo obstáculo. Tras el periódo de alegaciones y tras ser negociado con los sindiatos, está pendiente de ser enviado al Consell Jurídic Consultiu.
