Las últimas estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) vuelven a situar a la Comunitat Valenciana como la autonomía que más crecerá a nivel de endeudamiento en 2021, un 4,9 %. El porcentaje de pasivo sobre el PIB se disparará de esta manera al 46,9 %, una cifra veinte puntos por encima del promedio global y muy superior al límite de referencia estatal, fijado en el 13%. Además, la "policía fiscal" prevé que el territorio cierre el próximo ejercicio con un déficit del 2,3 %, el más elevado del conjunto de comunidades, casi tres veces por encima de la media autonómica y 1,2 puntos superior a la tasa de referencia fijada en el plan presupuestario del Gobierno.
La proyección del Airef es que la Generalitat acabe 2020 con un déficit del -1,6% que mejora ligeramente las predicciones manejadas hasta el momento por las medidas de compensación económica articuladas por el Gobierno, pero que se mantiene un punto por encima de la media autonómica. La Comunitat Valenciana se encuentra, junto a Illes Balears y Murcia, entre los territorios que más verían crecer su deuda en 2021 en relación a 2019, desde unos niveles previos ya de por sí elevados.
Aunque las comunidades incrementarán un 10% su disponibilidad de recursos en 2021 por las inyecciones extraordinarias para paliar la crisis del coronavirus, la policía fiscal ha advertido de un "importante deterioro de los saldos fiscales" a partir de 2022 que aumentará el riesgo de sostenibilidad financiera. A la caída del crecimiento económico y a la reducción de las transferencias extraordinarios de en torno al 10% habrá que sumar una esperada liquidación negativa del sistema de financiación que podría tener un impacto de hasta 5.000 millones en las arcas autonómicas, el equivalente al 0,4% PIB. La situación, que podría replicarse en 2023, aumentará las necesidades de endeudamiento.
Desde la Autoridad Fiscal recalcan que el escenario económico podría agravarse si las comunidades consolidan en 2022 determinados gastos no estructurales presupuestados en 2021, debido a la notable caída de ingresos prevista en dos años vinculada al fin del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Por todo ello, el organismo ha instado al Gobierno a establecer "una estrategia fiscal nacional a medio plazo que sirva de orientación fiscal y garantice de manera realista y creíble la sostenibilidad financiera de las administraciones públicas", a la espera de la reforma del sistema de financiación autonómica.
En su último informe relativo a las previsiones presupuestarias de 2021, el órgano independiente vuelve a cuestionar la tradicional partida reivindicativa de la financiación recogida por la Generalitat, que consigna 1.300 millones de euros de ingresos no asegurados reclamados al Estado por la discriminación de la C. Valenciana en materia de transferencias.
