El informe de la Abogacía de la Generalitat que pone en solfa el decreto sobre teletrabajo para el personal funcionario elaborado por la Conselleria de Justicia no frenará su tramitación. El departamento que dirige Gabriela Bravo hará las alegaciones pertinentes y, como tenía previsto, enviará el proyecto al Consell Jurídic Consultiu (CJC), a ser posible antes de las Navidades. El objetivo sigue siendo tener lista la nueva regulación antes de acabar el año o, como muy tarde, a principios de 2021.
La conselleria descarta una reforma de calado en su visión de como de regular el teletrabajo (vinculado a programas y objetivos y no como un derecho individual) y se limitará, como apuntó ayer la propia Bravo, a incorporar las pegas jurídicas y dejar a un lado, las valoraciones «políticas» del escrito del letrado de la Generalitat. La razón principal es de tipo técnico ya que los informes de la Abogacía no son vinculantes, pero hay otra razón, de mayor enjundia, que tiene que ver con el propio contenido del escrito del letrado de la Generalitat plagado de argumentos, algunos de ellos con sostén jurídico, pero otros con una intensa carga interpretativa poco habitual en este tipo de informes.
El documento de 22 folios ha caído como un jarro de agua fría en la conselleria ya que, más allá de las cuestiones estrictamente legales, supone para el departamento de Bravo tomar partido por una regulación laxa del teletrabajo frente a posiciones más exigentes. Hasta ahora el conflicto se había concentrado en las disputas de la conselleria con los departamentos bajo la órbita de Compromís, proclives a generalizar el teletrabajo, pero la controversia ha ganado actores que proceden de la propia estructura funcionarial y que de una manera u otra están afectados por el conflictivo decreto.
La regulación afecta al personal funcionario, lo que incluye a la cúpula funcionarial y al propio cuerpo de letrados. Así, por ejemplo, el plan de Bravo deja fuera de la opción de teletrabajar a quienes tiene un nivel 30, el máximo en la escala. El abogado rebate esta restricción al considerarla incompatible con la ley ya que el complemento de destino «no define» si las funciones del puesto pueden o no hacerse de forma presencial.
El letrado pone ejemplos: subdirector general de gabinete, jefe del área legal del IVF, interventor delegado, etc. y asegura que tienen funciones que pueden hacerse parcialmente a distancia y desde casa. La lista no es exhaustiva ya que no cita los casos que afectan a la propia Abogacía, un colectivo integrado por 75 puestos, de los cuales 57 tienen nivel 28 y 18, el 30 y que con la actual regulación no podrían teletrabajar.
Veteranos de los entresijos de la Administración admiten que la función pública es un campo plagado de minas y el corporativismo es una de sus características. En este contexto, y con un modelo de organización del empleo público en la Generalitat «fundado más en las relaciones personales», según terminología de la propia comisión de expertos que elaboró el informe sobre función pública, algunas decisiones de Bravo (los propios relevos en su conselleria) podrían estar empezando a pasarle factura.
A la espera del Jurídic
Lecturas de mayor alcance al margen, Bravo podrá salvar este informe que torpedea su proyecto, pero lo tendrá más difícil con el Consell Jurídic. Los dictámenes del organismo consultivo tampoco son vinculantes, pero habitualmente el Consell acepta las observaciones cuando son esenciales.
La Abogacía plantea, según la conselleria, cuestiones interpretables, pero también legales, que en un momento dado podrían trasladarse al organismo que preside Margarita Soler. Cabe apuntar, además, que con el expediente completo, debe volver al pleno del Consell. Las conselleries de Compromís plantearon numerosas alegaciones. Algunas fueron incorporadas, pero otras, como la ampliación a 4 días del teletrabajo, no.
Además, a raiz del informe al menos dos sindicatos (CSIF y UGT) han reclamado a la conselleria que renegocie el decreto para incorporar las recomendaciones de la Abogacía.
